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El Tribunal Administrativo de Cundinamarca sanciona al presidente Gustavo Petro por desacato de nombramientos en la CREG
De acuerdo con la decisión del Tribunal, el presidente Petro no acató “la sentencia de cumplimiento proferida el 25 de enero de 2024″.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró en desacato al presidente Gustavo Petro por no cumplir un fallo judicial que le daba la orden de nombrar a seis expertos de manera oficial en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).
Según la resolución que fue emitida por el Tribunal de justicia, el mandatario no cumplió con la sentencia de la Subsección C de la Sección Primera del Tribunal, documento emitido el 25 de enero de 2024, y confirmada posteriormente por la Sección Quinta del Consejo de Estado el 2 de mayo del mismo año.
Además, se le exigió al presidente que presente evidencia del incumplimiento de esta orden judicial, aportando los actos administrativos que certifiquen el nombramiento en titularidad de los profesionales expertos en la CREG.
En este documento la magistrada ponente Ana Margoth Chamorro Benavides ordena al jefe del ejecutivo “requerir al doctor Gustavo Francisco Petro Urrego, en calidad de presidente de la República de Colombia, que informe el cumplimiento de la precitada decisión judicial adjuntando los actos administrativos de nombramiento en propiedad de los seis expertos que integran la Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG”, se puede leer en el pliego.
Lo que dice el Tribunal en el documento es que los documentos que proporcionó la Presidencia no dan cumplimiento a lo ordenado por el ente administrador de justicia y que fueron solicitados a principios de año. Y es que, precisamente, en ese fallo se ordenó que el nombramiento de los expertos debió haberse cumplido en 30 días luego de la notificación de la decisión judicial y ya han pasado cerca de 8 meses de esa decisión.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca se pronunció en primera instancia al resolver la demanda presentada por Gilberto Augusto Blanco. En la denuncia de Blanco afirmó que “la situación actual genera inseguridad en el sector energético y en los administrados en general, y pone en riesgo la independencia y autonomía de la Creg, máxime si el quórum deliberativo y decisorio se reduce de siete a cinco, habiendo hoy por hoy cuatro expertos nombrados por encargo, más el voto del ministro, con lo que sería suficiente para expedir la respectiva regulación”.
