¿El magistrado Vladimir Fernández, cercano a Gustavo Petro, está poniendo en riesgo la autonomía de la Corte Constitucional?

La decisión de la Corte Constitucional de suspender provisionalmente la actuación del Consejo Nacional Electoral (CNE) contra el presidente Gustavo Petro abrió una nueva polémica sobre la independencia del alto tribunal, tras la ponencia del magistrado Vladimir Fernández, exsecretario jurídico de la Presidencia.

Para Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, “la Corte Constitucional colombiana, al igual que ocurre con las cortes constitucionales del mundo, cuentan con perfiles ideológicos y eso es apenas natural”.

Recordó que no es la primera vez que un secretario jurídico de Presidencia llega a la Corte: “Sería injusto señalar que está en riesgo la independencia en la medida en que esa es una práctica ya común en la historia reciente de nuestro país”.

Sobre la necesidad de que el magistrado Fernández se hubiera declarado impedido, que ha sido la crítica desde diferentes sectores, Bernate indicó que “en la medida en que el magistrado no conoció directamente de lo que dio origen a esta investigación, pues no tendría que haberse declarado impedido.

Aunque reconoció que existe un debate legítimo sobre la “apariencia de imparcialidad”, sostuvo que desde el punto de vista legal actual en Colombia, no hay impedimento.

“No es inapropiado que el actual magistrado haya tomado parte de esa decisión, no participa de los hechos que originan esta investigación”, dijo.

De acuerdo con él, el analista y consultor político Germán González anota que no considera que la autonomía de la Corte esté en riesgo, pero si está en tensión.

“La decisión de suspender el proceso del CNE está dentro de sus funciones, y aunque el ponente fue Fernández, no hace que la decisión sea ilegal o que evidencie una Corte que se pueda calificar de petrista”, advirtió.

Además, comenta que “la ponencia fue aprobada con la votación mínima, con cinco votos a favor frente a cuatro en contra, lo que demuestra deliberación interna pero además una Corte dividida, donde es difícil distinguir un bloque ideológico claro. Sin embargo, sí alimenta dudas sobre la percepción de independencia, especialmente en un caso con fuerte carga política”.

En ese sentido, Bernate dejó abierta la discusión sobre incorporar estándares internacionales: “Se puede abrir un debate respecto de aplicar en nuestro país lo que se aplica en todo el mundo, y es que los funcionarios que puedan generar una apariencia de parcialidad deben hacerse a un lado de las decisiones. Ese es un debate válido”.

¿Es suficiente el marco legal actual?

El abogado constitucionalista Juan Manuel Charry respondió que “si bien es cierto que los impedimentos son taxativos, sí se echa de menos un análisis cuidadoso de los posibles impedimentos por parte del exsecretario jurídico de la Presidencia en un asunto en el que uno creería que pudo haber intervenido o emitido su opinión”.

La fuente subrayó que el principio de independencia judicial debe mantenerse como “presupuesto del sistema de pesos y contrapesos”. Y frente al fondo de la decisión, consideró razonable que se haya suspendido la investigación mientras se resuelve la discusión sobre las competencias institucionales en este tipo de casos.

“Es una nueva figura, la de la violación de topes de financiación de campaña con pérdida del cargo para el candidato elegido, y vale la pena analizar si debe ser tramitada por el CNE o si compete a la Comisión de Acusaciones y al Congreso”, indicó.

No obstante, el analista González menciona que aunque lo preocupante no es la decisión como tal, si genera alerta el contexto en el que ocurre: “una Corte dividida, una figura cercana al Presidente liderando la ponencia, y una narrativa desde el Gobierno que insiste en que hay un intento de golpe institucional”.

“Todo esto presiona a la Corte y la pone bajo el escrutinio público. La autonomía no se ha perdido, pero está siendo probada”, comenta.

La decisión de fondo sobre la tutela aún está pendiente y definirá si se mantiene o se revoca la competencia del CNE para investigar la campaña presidencial del ahora mandatario. Hasta entonces, la investigación queda congelada y el debate sobre la institucionalidad se mantiene abierto.

El año 2025 ha estado marcado por fuertes cuestionamientos sobre una posible Corte cooptada, ya que cuatro magistrados dejarán el alto tribunal este año. De esos reemplazos, uno será ternado por Petro, dos por la Corte Suprema de Justicia y uno por el Consejo de Estado.

El primero en hacerlo fue Antonio José Lizarazo, el 6 de febrero, cuyo reemplazo fue el magistrado Miguel Polo Rosero. Le siguen Cristina Pardo, Diana Fajardo Rivera y José Fernando Reyes, el 16 de mayo, el 6 de junio y el 5 de septiembre, respectivamente.