¿Un cartel intocable?

Es desesperanzador y frustrante que los caleños no puedan confiar en que las autoridades civiles, notariales y judiciales salvaguarden un derecho constitucional clave para la paz y la sana convivencia, como es el de la propiedad privada.

Difícil entender que en la ciudad cualquier persona ingrese con papeles falsos o mediante el uso de la fuerza en un bien inmueble y con solo resanar un muro y cambiar las chapas se autodetermine como poseedor y resulte casi imposible para el propietario lograr que las autoridades locales realicen el desalojo y la restitución del predio.

Las dos entregas del Informe Exclusivo, que desde el pasado domingo viene publicando la Unidad Investigativa de El País, reflejan el aterrador panorama y la inseguridad jurídica en que se encuentran los propietarios de bienes inmuebles en todos los estratos sociales de Cali.

En el primer caso, hombres ingresaron por la fuerza en un edificio en el Oeste, cerca a la estatua de Sebastián de Belalcázar, que iba a ser remodelado y hace un año no permiten el ingreso del propietario.

Mientras estaba a la espera de que la Inspección de Policía o la Secretaría de Seguridad se decidiera a hacer el desalojo, a comienzos de este año empezaron a traspasar a otra persona sus bienes con un poder falso que legitimó la Notaría 18 de Cali y con el que la Notaría 7 estaba expidiendo nuevas escrituras a nombre de invasores.

El segundo caso lo padece una caleña que reside fuera del país y quien autorizó a una persona para hacer mantenimiento y estar pendiente de unas oficinas en el edificio Residencias Aristi y con esa autorización perdió el piso 4 de esa edificación, dos lotes en Buga y una empresa que había comprado para hacer inversiones en Colombia. Si bien el certificado de tradición señala que es la propietaria de las oficinas, quien se apoderó de ellas no permite el ingreso de quienes representan a la verdadera dueña. Incluso, entregaron dos oficinas en comodato a 20 años a abogados que han trabajado con la supuesta poseedora.

Hace una semana en Barranquilla, la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de la Fiscalía General de la Nación desmanteló una organización que involucraba a la Notaria 2 de Cartagena con bandas delincuenciales dedicadas al llamado ‘volteo de tierras’.

Bandas que actuaban igual que en Cali y en medio de una impunidad rampante, fortalecidos por el silencio de víctimas que han debido aceptar la extorsión para liberar sus bienes o resignarse a perderlos sin decir palabra, por temor a las amenazas de estas organizaciones.

Es absurdo que en anaqueles judiciales se repitan una y otra vez los mismos nombres, aparezcan presuntamente comprometidas varias notarías y decisiones polémicas de jueces en las que el favorecido es el invasor, y todo siga ocurriendo con pasmosa normalidad.

La fe pública está en crisis y es necesario devolver la esperanza a los caleños y la confianza en el papel de los notarios y la Justicia; y eso se logra desarticulando estas organizaciones que con documentos falsos tienen en jaque el derecho fundamental a la propiedad privada.