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Oda al populismo

Es populista porque se aprovechará de las emociones y necesidades de la población, sin que lo propuesto tenga el efecto de generar más empleos formales, productivos y bien remunerados.

Juan Pablo Liévano, nuevo director de Supersociedades. | Foto: Foto: Colprensa

Juan Pablo Liévano

27 de abr de 2025, 12:55 a. m.

Actualizado el 27 de abr de 2025, 12:55 a. m.

El Gobierno finalmente reveló las preguntas de la consulta, mediante la cual sacará del Congreso la discusión y aprobación de la reforma laboral, de manera que, en lugar de que esta se haga con bases técnicas y criterios de necesidad y conveniencia, se haga de forma emocional y populista. Cambiaremos la democracia representativa -fundamental en la formación de las leyes, de manera reflexiva, pausada y ponderada- por una democracia directa, donde lo emotivo se sobrepone a la razón. El mecanismo es legal, pero la decisión del Ejecutivo es oportunista y populista.

Es oportunista porque se da en un escenario preelectoral, en el cual el Gobierno contará con todas las ventajas presupuestales y será la punta de lanza para la reelección de su proyecto. Es populista porque se aprovechará de las emociones y necesidades de la población, sin que lo propuesto tenga el efecto de generar más empleos formales, productivos y bien remunerados.

Al estudiar algunas de las preguntas, las conclusiones respecto de su necesidad y conveniencia son variadas. Las innecesarias son: permisos por tratamientos médicos, régimen laboral agrario, formalización de ciertas actividades, jornada laboral de ocho horas e incentivos para MiPymes.

La legislación ya establece que los contratos laborales son contratos de realidad. Si se cumplen los elementos, existe un contrato laboral y los empleadores deben pagar las prestaciones sociales. En cuanto a los tratamientos médicos, la legislación y la jurisprudencia ya abordan el asunto. Así, los trabajadores pueden asistir a tratamientos médicos sin más requisito que notificar y justificar. En relación con la jornada laboral ordinaria, esta será de siete horas a partir de 2026. Los incentivos para MiPymes ya se han implementado, o se pueden implementar, en virtud de leyes u otras acciones estatales.

Las propuestas inconvenientes son: jornada diurna de 6:00 a.m. a 6:00 p.m., licencias menstruales, trabajo en plataformas, cuota de discapacitados, contratos a término indefinido, aprendices SENA, recargos dominicales y nocturnos, y limitaciones a la tercerización e intermediación.

La jornada diurna reducida genera costos adicionales y dificulta la posibilidad de contar con horarios diferenciados, según la necesidad de cada sector, o incluso con dobles turnos, restando competitividad. Las licencias menstruales pueden prestarse a abusos y, si son incapacitantes, la legislación actual ya cuenta con mecanismos para su manejo. Tratar la prestación de servicios en plataformas como si fuera una relación laboral va en contra de la flexibilidad que exige la vida moderna y de la propia naturaleza de dichos servicios; lo mismo aplica para limitar la contratación a término fijo y prohibir la intermediación o tercerización.

Eliminar la diferenciación entre contratos laborales y contratos de aprendizaje va en contra del interés de los propios aprendices y genera costos adicionales que pueden desincentivar su contratación. En cuanto a las cuotas de discapacitados, la productividad y la competencia exigen contratar a los mejores, independientemente de su condición. Los recargos dominicales y nocturnos implicarían costos adicionales que, en su mayoría, serán trasladados a los consumidores o resultarán en menores volúmenes de trabajo e ingreso para los propios trabajadores.

En conclusión, la consulta es una oda al populismo, pues se usará en un tiempo preelectoral y no resuelve el objetivo de contar con más y mejores empleos formales y bien remunerados.

Juan Pablo Liévano

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