Caso Uribe: hay que acatar lo dicho por la Justicia

La decisión del Tribunal Superior de Bogotá que absuelve al expresidente Álvaro Uribe Vélez de los delitos de fraude procesal y soborno a testigos, por los que había sido condenado a doce años de prisión domiciliaria, debe ser asumida con respeto absoluto por todos los sectores políticos, ideológicos y sociales del país.

Porque, tal como sucedió hace dos meses y medio, cuando se conoció el fallo que profirió la jueza Sandra Liliana Heredia, es la Justicia la que ha hablado. Y lo que procede en un Estado Social de Derecho, como lo es Colombia, es acatar esas decisiones, más allá de que se esté o no de acuerdo con el contenido de la sentencia dictada en segunda instancia.

Claro está que mientras existan recursos legales para apelar cualquier decisión de los estrados judiciales las partes que se consideren afectadas están en total libertad de acceder a ellos. De hecho, en el caso del fallo que favorece al exmandatario antioqueño su contraparte ha anunciado que interpondrá un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, lo que ratifica que, pese a todo, Colombia cuenta con un sistema penal que brinda garantías tanto a acusados como a acusadores.

Pero lo cierto es que, según la ley, Álvaro Uribe Vélez podrá movilizarse libremente por el país, ejerciendo ese y otros derechos que le fueron restituidos al quedar absuelto de los cargos que se le imputaban, incluida la posibilidad de ser elegido para un cargo de representación popular, de acuerdo, por supuesto, a lo dispuesto en la legislación electoral vigente en Colombia.

Por eso, no le hace bien al fortalecimiento de la democracia que se pretendan politizar las sentencias judiciales, por el solo hecho de que alguien no se siente satisfecho con ellas. Sucedió desde algunos sectores en agosto pasado, tras la decisión en primera instancia del caso Uribe, lo cual en su momento fue censurado. Y lo de esperarse es que quienes se dicen contrarios al exmandatario no incurran ahora en el mismo yerro.

Una cosa es el derecho que les asiste a todos los ciudadanos a disentir de las sentencias judiciales e incluso a discutir, a la luz de la leyes, los procedimientos y las acciones por los cuales se llegan a ellas, y otra es cuestionar sin fundamento y con tinte populista a los representantes de la Justicia en el país.

Y en ese sentido también hay que decir que no resulta útil que el Presidente de la República no solo se inmiscuya en la discusión pública sobre un fallo que resulta trascendental por el talante del protagonista del mismo, sino que en sus mensajes a través de las redes sociales combine ese tema con sus diferencias con su homólogo estadounidense para terminar convocando otra vez a las calles a sus seguidores.

El Jefe de Estado está llamado a ser ejemplo de acatamiento y respeto de las decisiones judiciales y no un azuzador de la polarización, que tanto daño le está haciendo a la sociedad colombiana, ni alguien que utiliza su condición de figura pública para convertir su cuenta de X en un tribunal que define culpables, así la Justicia diga lo contrario.