Improvisando con las tierras

Lo que viene haciendo el Gobierno Nacional con la adjudicación de tierras en el Valle del Cauca, es exactamente lo que pasa con el mal estudiante; ese que no se esfuerza a lo largo del año y espera hasta el último momento para intentar aprobar las asignaturas.

Tres años han esperado las comunidades indígenas, negras y campesinas a que el gobierno de Gustavo Petro honre su promesa de campaña y les adjudique los baldíos y predios en poder de la SAE como parte de la anunciada reforma agraria, pero todo ha quedado en el discurso.

Porque ya sin espacio ni tiempo para tramitar un proyecto de ley y sin la confianza y la voluntad del Congreso de la República lo que optó a última hora fue por entregar facultades a la Agencia Nacional de Tierras mediante un decreto, que ya fue demandado, para que ‘a dedo’ expropie y adjudique tierras y empezar a cumplir en parte con lo prometido.

El resultado es que algunas de esas comunidades, muchas de ellas llegadas del Cauca, advirtiendo que el fin de este gobierno está a la vuelta de la esquina, vienen ocupando por vías de hecho algunos predios en el Valle que estaban en poder de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, esperando que esa ocupación les dé algún derecho sobre esas tierras.

Lo alarmante es que en el departamento vecino no queda tierra para adjudicarles y varias organizaciones han puesto la mira en el Valle del Cauca y han llegado a invadir predios que eran solicitados por reclamantes oriundos de este departamento, lo que ha dado origen a algunas confrontaciones interétnicas.

Peor aún, la Agencia Nacional de Tierras intentando mostrar que les interesa las comunidades negras, indígenas y campesinas está tomando decisiones sin coordinar con las alcaldías o la Gobernación y está adjudicando o comprando tierras en zonas de reserva forestal, en predios que no tienen vocación agrícola o que son utilizados para la protección del recurso hídrico, dejándole un problema al departamento.

La invasión de predios y la llegada de comunidades de otras regiones buscando apoderarse de las tierras que les fueron incautadas al narcotráfico, como lo advirtió la Gobernadora del Valle, es una amenaza a la alteración del orden público y la tranquilidad del departamento.

El Valle del Cauca no tiene por qué cargar con las consecuencias de la improvisación de un Gobierno que, por ideología, se suponía que trabajaría por la justicia social y la reforma agraria, tal como lo prometió en campaña, pero que como al mal estudiante le quedará esa asignatura pendiente.

Sin duda comunidades de especial protección como indígenas, negras y campesinas llevan muchos años a la espera de titulación, viendo la lentitud desesperante en los procesos y resulta frustrante que el gobierno de Gustavo Petro tampoco les haya cumplido.

Pero una reforma agraria como la que se planteó en La Habana en el marco del proceso de paz o como la prometió el hoy Presidente de la República en campaña, no se establece de la noche a la mañana habiendo tenido este gobierno el tiempo suficiente para presentarla a concertación y estudio.

Si la distribución de la tierra no es el resultado de un proceso transparente, ordenado y equitativo esta adjudicación improvisada de predios en el Valle del Cauca, lejos de ser el laboratorio de una verdadera reforma agraria, podría estar incubando el germen de un nuevo conflicto.