¡Exprópiese!

La reforma agraria que demanda el país, y cuyas medidas se establecieron en el Acuerdo de Paz firmado en el 2016 entre el Estado colombiano y la guerrilla de las Farc, está lejos de parecerse a la que intenta implementar por debajo de la mesa el presidente Gustavo Petro.

Si algo quedó claro en el tema de tierras en La Habana, es que sería la Jurisdicción Agraria y Rural la encargada de dirimir los conflictos sobre la propiedad, la posesión y la tenencia de la tierra rural en Colombia.

Pero al término del gobierno de Juan Manuel Santos no se habían creado los jueces agrarios, como lo reveló un informe de El País del pasado domingo, lo que supondría que los procesos en curso seguirían en manos de la justicia ordinaria, mientras cobra vida ese nuevo cuerpo de jueces.

Lo que interpretó a su antojo el gobierno Petro, y muy convenientemente se amparó en que no podían pararse los procesos agrarios por falta de esta nueva jurisdicción y le otorgó a la Agencia Nacional de Tierras la potestad de decidir por vía administrativa quién es dueño de la tierra y quién no.

Una facultad peligrosísima que intentaron colar sin éxito en el Plan de Desarrollo del 2023, en los decretos de conmoción interior a inicios de 2025 y a través de proyectos de ley que fueron interceptados por la oposición en el Congreso de la República.

Lo alarmante es que desvirtúan por completo lo acordado en la mesa de negociaciones de La Habana y se abrogan la facultad de decidir a su antojo títulos de propiedad, obviando la imprescindible fase judicial.

No son infundadas las alarmas que advierten la intención de debilitar el Estado de derecho y otorgar a Gustavo Petro el poder, como lo han tenido varios dictadores, de contar con una herramienta que le permite su amaño y capricho, atacar a sectores que no son afines a su estilo de gobierno.

Ni más ni menos que convertir la expropiación exprés en un arma política para constreñir o debilitar las fuerzas contrarias.

No parece producto de la casualidad que el mismo día que el Congreso eligió a Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional, el pasado 3 de septiembre, la Agencia Nacional de Tierras notificara al presidente del Senado, Lidio García Turbay, de que el Estado recuperaba para sí dos predios que estaban a su nombre en el municipio de Mahates, Bolívar.

Ya otros seis congresistas de oposición habían sido notificados de que serían despojados de sus predios, incluido el cuñado del mismo Carlos Camargo, y se dejó en el aire el anuncio de que estaban siendo investigados varios parlamentarios cuyos bienes pasarían a manos del Estado bajo la presunción de ser baldíos mal logrados.

Atentar contra la propiedad privada sin un proceso judicial es otra forma de gritar el “exprópiese” que caracterizó durante varios años la dictadura de Hugo Chávez en Venezuela. Una demostración errónea de justicia, porque abre la puerta a expedientes sin garantías procesales y sin otra razón que la venganza política.

Donde, lejos de aportar al fortalecimiento de la democracia, la socava; porque le están propinando un golpe certero al derecho constitucional a la propiedad privada.

Sin duda, el país debe saldar las deudas y esclarecer la propiedad de la tierra en Colombia, pero amparado en procesos donde haya derecho a la defensa, no en decisiones autoritarias o gobernando para el aplauso.

Lo peor que le puede pasar al país es que a futuro, producto de una persecución política disfrazada de reforma agraria, se reabra la herida que hoy intenta el Gobierno sanar en falso.