El chantaje del secuestro

El anuncio del Ejército de Liberación Nacional, Eln, de someter a un “juicio revolucionario” a cuatro funcionarios del Estado que mantiene secuestrados, es una afrenta inaceptable para la Nación. Pero sobre todo es una forma de chantaje al Gobierno de Gustavo Petro, que además de fallar, de forma vergonzosa, en su deber de proteger a todos los colombianos, fracasó en su promesa de devolverle la paz al país y acabar con las diferentes formas de violencia que azotan a sus ciudadanos.

Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, funcionarios del CTI, así como los uniformados Yordin Fabián Pérez Mendoza y Frankie Esley Hoyos Murcia, agentes de la Dijín de la Policía Nacional, son las víctimas que hoy se enfrentan al cinismo del Eln. Los primeros fueron secuestrados el pasado 8 de mayo en el municipio de Fortul, mientras a los segundos los interceptaron el 20 de julio en la vía que conduce de Tame a la capital de Arauca.

Ellos son hoy la moneda de cambio con la que el antiguo grupo guerrillero buscar intimidar al gobierno Petro, que no ha manifestado con contundencia el rechazo a unos actos que están en contradicción con los fundamentos más elementales del Derecho Internacional Humanitario y por fuera del ordenamiento jurídico colombiano.

¿Puede haber mayor descaro que quienes han ejercido las peores formas de violencia y terrorismo en contra de una nación, que además se dedican a actividades ilegales para lucrarse y no han mostrado la mínima intención de negociar el fin de la guerra que le declararon al país hace más de 60 años, ahora se conviertan en jueces y verdugos de quienes le sirven al Estado?

La amenaza del Eln es que los funcionarios públicos podrían ser ‘condenados’ a entre tres y siete años de ‘prisión’ por supuestos “delitos contra el pueblo” contemplados en un “Código de Guerra” inexistente en la legislación colombiana. Es el eufemismo con el que le anuncian a la Nación que ese será el tiempo mínimo en que las cuatro víctimas permanecerán secuestradas si el Gobierno no accede a sus pretensiones de canjear presos guerrilleros.

Es el retorno a esa época nefasta en la que la Nación vio cómo grupos armados al margen de la ley secuestraron policías, figuras públicas y colombianos del común, que permanecieron en algunos casos hasta diez años en lo profundo de la selva, amarrados, amenazados y en condiciones infrahumanas.

Lo que se espera frente a este caso aberrante es una condena enérgica del presidente Gustavo Petro -que aún no llega-, del Gobierno Nacional y de la sociedad en general así como la exigencia para que a los cuatro secuestrados se les respete su vida e integridad y para que sean liberados de inmediato, sin ninguna condición.

Este no es el momento de que el Estado flaquee frente a su obligación de asegurar el retorno, sanos y salvos, de Jesús Antonio Pacheco Oviedo, Rodrigo Antonio López Estrada, el patrullero Yordin Fabián Pérez Mendoza y el subintendente Frankie Esley Hoyos Murcia al seno de sus hogares y de sus instituciones.

Mucho menos es tiempo de ceder frente a las pretensiones de una organización violenta y terrorista que ha demostrado una y otra vez en las décadas recientes, pero en particular en los tres años del gobierno Petro, que no le interesa sentarse a negociar con seriedad un acuerdo para ponerle fin al conflicto armado.