Seguridad, el mayor reto del Valle en el 2026

Controlar la expansión de los grupos armados que operan de manera ilegal en la región, amparados en el narcotráfico y otras actividades ilícitas es, sin duda, el mayor reto de la Gobernación del Valle del Cauca para este 2026.

Por eso se hace necesario que la Mandataria seccional no desista en su propósito de liderar un trabajo articulado con la Fuerza Pública y la Fiscalía, que tenga como meta evitar que esas organizaciones al margen de la ley se sigan asentando en la comarcaa y convirtiendo el departamento en un territorio en disputa entre quienes desean hacerse a las economías ilegítimas.

Tal como la propia Gobernadora lo reconoce, ese accionar criminal se evidencia en que el mayor número de homicidios en el territorio vallecaucano se produce por casos de sicariatos y en hechos a toda luz censurables, como los atentados terroristas que tuvieron lugar el año que acaba de terminar en Cali y Jamundí, con un lamentable saldo en pérdidas humanas.

Y, por supuesto, es prioritario que la Administración seccional le siga apostando a soportar la financiación la lucha contra esos generadores de violencia en la tasa de seguridad del Departamento y en el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas, a través de mecanismos como la flota de drones y el Comité de Prevención y Anticipación al Terrorismo, al tiempo que se implementan programas de inversión social destinados a disminuir la falta de oportunidades para los jóvenes, especialmente.

De igual forma, es necesario que este año empiecen a funcionar los batallones de alta montaña en Tuluá y Jamundí, ya que es prioritario que la sensación de tranquilidad que anhelan los habitantes de las cabeceras municipales también se sienta en las zonas rurales, desde donde operan muchos de los grupos armados que afectan la seguridad de los vallecaucanos.

Pero ninguna de estas estrategias regionales será suficiente si el Gobierno Nacional insiste en desoír los llamados que las distintas fuerzas del departamento le hacen para que diseñe y ejecute una estrategia de seguridad integral para todo el suroccidente colombiano, porque es innegable también que las alteraciones de orden público que se registran en el Cauca, por ejemplo, repercuten de manera directa en el Valle del Cauca.

Como es igualmente urgente que la Administración de Gustavo Petro desentrabe proyectos de infraestructura vitales para la comarca, tales como el tren de cercanías, la construcción de la vía Mulaló-Loboguerrero y la concesión del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, debido a que no solo implican un merecido desarrollo económico regional, sino que, al generar empleo, se convierten en una oportunidad para aquellos a quienes las organizaciones armadas ilegales buscan cooptar, bien sea vendiéndoles falsos sueños de progreso u obligándolos a sumarse a sus empresas criminales.

Pero para lograr ese objetivo es necesario que la Casa de Nariño no insista en anteponer sus intereses particulares y tal vez partidistas al bienestar de los vallecaucanos, que merecen un mejor trato por parte de un gobierno al que ayudaron a elegir, ni a la prosperidad de uno de los departamentos más importantes del país.