Burbuja migratoria

Migrar por razones de seguridad o en busca de mejores condiciones de vida es un derecho que tienen los ciudadanos del mundo. Pero cuando esa necesidad se convierte en anzuelo electoral en medio de campañas políticas, el resultado es una burbuja migratoria que se convierte en una bomba de tiempo, con consecuencias desastrosas y no en pocos casos trágica.

Fue lo que sucedió entre los años 2021 y 2024, periodo en el que Colombia se convirtió en un país de paso para miles de extranjeros que buscaban llegar a suelo estadounidense, en su mayoría venezolanos huyendo del régimen de Nicolás Maduro, que iban detrás de la promesa del entonces presidente Joe Biden de facilitarles un estatus legal.

Esa fue su promesa de campaña de 2020, con la que se opuso radicalmente a las políticas migratorias del primer gobierno de Donald Trump y que terminó convirtiéndose en una de las razones para ganarle la Presidencia al magnate republicano.

Al ofrecer protección a los migrantes que llegaran a la frontera con México, asegurar que EE.UU. estaba en capacidad de acoger a dos millones de personas y darles asilo y estatus temporales a ciudadanos de varios países, Biden arrastró a cerca de un millón de personas a cruzar desde Colombia el tapón del Darién hacia Panamá, con las consecuencias fatídicas que el mundo conoce.

Guiadas por ese espejismo, miles de familias venezolanas, haitianas, cubanas y de un centenar de países más se adentraron en la selva en una travesía inhumana, para alcanzar su ‘sueño americano’. En el camino quedaron a merced de redes criminales que las extorsionaron, les quitaron lo poco que llevaban o abusaron de mujeres y niños, mientras se hicieron frecuentes las escenas dramáticas que quienes morían en los pantanos, a la vista de todos, o eran arrasados por las corrientes en la frontera más hostil del continente.

Las cifras de esa improvisada política migratoria quedan bien reflejadas en el informe exclusivo publicado en El País, en la edición de este fin de semana, que revela cómo de 30.000 o 40.000 personas que cruzaban cada mes el tapón del Darién en años anteriores, intentando llegar a Panamá en su camino hacia Estados Unidos, se pasó a un solo migrante atravesando ese tapón selvático en el mes de junio pasado.

Según el informe exclusivo, 1,4 millones de personas cruzaron durante el gobierno de Joe Biden la frontera selvática entre Colombia y Panamá. Ahora, cientos de ellos se encuentran en condiciones de ilegalidad en el país del norte tras vencerse los permisos temporales ofrecidos por el mandatario demócrata.

La llegada de Donald Trump a la Presidencia en enero de este año, en buena medida por la promesa de corregir el rumbo de la desbordada política migratoria que el mismo Biden intentó luego sin éxito contener, logró revertir el fenómeno y ofrecer tranquilidad a cientos miles de estadounidenses que veían el éxodo como una amenaza a la seguridad nacional.

El desplazamiento de migrantes por el tapón del Darién quedará en la historia como el legado más cruel de una política migratoria estructurada con simple cálculo político y con una cifra indeterminada de víctimas, incluso mortales.

Países como Colombia y Panamá, además de todos los que figuran en la ruta terrestre por Centroamérica hacia Estados Unidos, pagaron también un elevado costo en materia económica y social intentando garantizar un paso seguro en la romería de quienes buscaban llegar a la frontera con México.

Una situación que refleja de manera clara que toda decisión migratoria que se adopta desde Washington tiene repercusiones, especialmente en América Latina, por lo que las soluciones deben ser consensuadas y tomadas de manera responsable por los gobiernos de turno.