¿Qué le queda de demócrata?

Por si quedaba alguna duda de que Petro es lo más cercano que veremos a Chávez en Colombia, el discurso del pasado 1 de mayo es una advertencia de la demagogia y del enorme desafío contra las instituciones que vendrá en el último año del Gobierno. Es indudablemente oscura la hora que vive el país.

Desde el comienzo, a pesar de la ingenuidad de algunos que esperaban que Petro se convirtiera en un estadista conciliador, el tono del Gobierno ha sido de permanente radicalización y desafío a todas las instituciones que no marchen tal como el Presidente espera: las cortes, el Congreso y el sector productivo han sufrido a diario por cuenta del lenguaje beligerante que ha definido a esta administración.

Lejos de ser el caso de un gobierno bloqueado por el Congreso, el Presidente inició su mandato con mayorías legislativas y con una robusta coalición que aprobó varios de sus proyectos más importantes sin muchos contratiempos. Lo mínimo que se esperaba que un gobierno hiciera ante ese escenario era construir una relación de respeto y diálogo permanente, y distintos ministros buscaron hacerlo posible. Sin embargo, le ocurrió al presidente Petro lo mismo que le pasó cuando fue alcalde de Bogotá y debía tramitar sus proyectos en el Concejo de la ciudad: ante el menor incidente, utilizaba los más agresivos calificativos para atacar a esa corporación y la relación, por supuesto, quedaba en su momento más frío y tenso. El impulso del insulto y el agravio desde siempre le ha ganado al presidente frente a su necesidad de mantener una gobernabilidad estable.

Pero la situación que enfrenta el país está lejos de sorprender. Hace un año, Petro había anunciado que convocaría una asamblea constituyente ante la falta de aprobación de su agenda en el Congreso, algo que amenazaba de manera directa la institucionalidad del país, siempre refugiándose bajo un ambiguo uso del concepto de ‘el pueblo’.

No podemos aceptar esa falsa equivalencia que busca imponernos el Presidente, como lo han hecho todos los líderes autoritarios, que lo establece como único intérprete de un unánime ‘pueblo’. No hay cosa semejante a la homogeneidad de un solo pueblo en el país, ni mucho menos, un solo hombre está en la capacidad de interpretar y representar la voluntad de algo tan complejo y diverso como la ciudadanía de toda una nación. No podemos aceptarle al presidente la autoritaria imposición de que solo él traduce ese anhelo popular y que por eso la institucionalidad debe dejarlo hacer todo lo que le antoje.

No nos engañemos ni seamos ingenuos: las señales son claras y si hay un momento en que nuestras instituciones deben ser protegidas ante el delirio autoritario de un presidente que las amenaza abiertamente, es este. Cuando un gobernante incita de manera incendiaria a desenvainar espadas a la ciudadanía de un país tan golpeado por la violencia, comete una grave irresponsabilidad política y representa un serio retroceso en el proceso de construir una democracia pacífica e institucional.

¿Qué le queda de demócrata a un dirigente que dedica discursos incendiarios a atacar e insultar a todos sus contrapesos institucionales y amenaza con desenvainar espadas si su agenda no es aprobada al pie de la letra? La respuesta es sencilla: muy poco, o nada. Y es ahí cuando los defensores de la democracia más debemos rodear la Constitución y no caer en el mismo lenguaje radical e intimidante de un demagogo.