Cambiar la Comisión de Acusación

Como bien lo expresara Kiko Becerra en uno de sus recientes Susurros, seguir hablando de Petro y sus desatinos es una especie de karma para quienes practicamos el oficio de opinar.

Sentimos el deseo de zafarnos de esa tarea que se volvió agobiante para dedicarnos a comentar otros tópicos más gratos e interesantes de la actualidad, pero no tenemos más alternativa que continuar. Las acciones del Presidente indican que quiere seguir al mando más allá del 2026, aunque con ello nuestra democracia llegue a desaparecer.

Petro y su séquito aplican estrategias cuyo propósito no es otro que posponer las elecciones presidenciales. La primera consiste en provocar y profundizar los conflictos existentes con el gobierno Trump. Tal situación llamada a hacerse crítica con la inminente descertificación por el aumento de los cultivos ilícitos, traería como consecuencia un virtual bloqueo económico y justificaría a los ojos del dueño del Pacto Histórico el congelamiento indefinido de las elecciones.

Oportuno es recordar que tras el robo electoral de Venezuela, Petro dijo que Maduro debía haberse abstenido de hacer elecciones porque su país no era libre para expresarse por razón de las sanciones gringas.

La segunda estrategia anti elecciones es la famosa octava papeleta encaminada a lograr una expresión política que lleve a la convocatoria de una ‘constituyente del pueblo’. La asamblea resultante en violación de los preceptos constitucionales, estaría empoderada, entre otras, para extender a capricho el período del presidente.

La tercera estrategia para quedarse en el poder es desprestigiar el sistema electoral alegando anticipadamente, contra la evidencia, que, como las elecciones no serán o no fueron transparentes; deben continuar el presidente y el gobierno actual.

De manera complementaria a lo anterior está el propósito de debilitar la Fuerza Pública hasta el punto que no pueda ejercer su misión de garantizar el libre ejercicio del voto, ni actuar como recurso de última instancia para hacer cumplir la Constitución.

Al materializar estas estrategias, Petro constantemente azuza y solivianta a lo que él llama ‘pueblo’, nada distinto a esa minoría de sus seguidores y copartidarios, muchos de ellos subsidiados por el gobierno.

En paralelo, sugiere huelgas, papeletas y otras conductas que fracturan la institucionalidad, y tras lanzar las iniciativas se hace el yo no fui aduciendo que son cosas del ‘pueblo’. Se le olvida que por instigar el asesinato de Galán y aun sin participación directa, Alberto Santofimio fue condenado.

Somos millones los colombianos preguntándonos: ¿En qué anda la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes? ¿Acaso sus miembros no estarían cometiendo los delitos de prevaricato y denegación de justicia por no impulsar el examen riguroso y oportuno de las conductas referidas? ¿Qué está esperando la plenaria de la Cámara para cambiar a los integrantes de ese organismo en la legislatura que comienza?

No se trata de ser golpista, lo que conviene al país es que Petro termine su mandato sin mayores contratiempos. Pero debe entender que su poder tiene cauces y límites, y que sobre él gravita un organismo vigilante con autoridad constitucional. El mismo que no puede seguir siendo desprestigiado por sus integrantes del momento: compadres y alfiles del poder presidencial.