Proteger el sistema electoral

El Presidente de Colombia es el mayor detractor del Estado que representa. En cada uno de sus discursos sobre el sistema político, el modelo de salud, las autoridades electorales, el acceso a la energía y la fuerza pública, por solo mencionar algunos ejemplos, su retórica le ha apuntado a promover la desconfianza en todas las instituciones. La razón es clara: el objetivo de su proyecto es reinventarlas a su imagen y semejanza.

Esta semana el país fue testigo de un nuevo capítulo en esta historia desgastante de discursos sin fin cuando el presidente decidió emprender su narrativa contra el sistema electoral. “Desconfío de la transparencia de las elecciones de 2026”, escribió Petro desde su cuenta de X (Twitter). Desde entonces comenzó una larga ola de publicaciones y pronunciamientos suyos -seguidos, desde luego, por los de sus barras bravas digitales- que cuestionaban la operación de las elecciones. Así, el país terminó siendo testigo de cómo su gobernante irresponsablemente puso en duda la legitimidad del sistema con que conquistó el poder.

Petro sabe lo completo que es el sistema electoral de nuestro país, con un modelo con preconteo y posterior escrutinio, con participación de ciudadanos, jurados, testigos de todos los sectores y veeduría internacional.

Petro ha ganado con ese sistema seis veces (cuatro elecciones al Congreso, la Alcaldía de Bogotá y la presidencia) y ahora decide irresponsablemente llegar a las elecciones de 2026 en el plan de intimidar y sembrar dudas sobre cualquier resultado que no lo beneficie a él y su partido. Sabe que en Colombia el voto suele castigar a los gobiernos impopulares y el suyo ciertamente lo es.

No podemos permitir que el gobierno busque cambiar a su antojo nuestro sistema electoral, ni afectar su credibilidad –y menos cuando se trata del mismo proyecto político que hace pocos meses avaló y manifestó confianza en el sistema electoral de Venezuela–. La integridad de nuestra democracia debe partir del respeto incondicional por sus reglas y no de la imposición de narrativas destructivas y cargadas de falacias, guiadas por los cálculos frente a las elecciones de 2026.

Hace una semana hablábamos de cómo debíamos proteger las instituciones ante la irresponsable propuesta de una asamblea constituyente. Esta semana nos han llevado un paso más adelante: ahora también tenemos que proteger el sistema electoral ante la difamación y el ataque calculado de parte del gobierno. Al final de este cuatrienio habremos tenido que cuidar casi todas las instituciones de nuestro estado frente a la pesadilla demagógica de un gobierno que quiere reformular todo el estado a su imagen y semejanza. No tenemos por qué permitir semejante locura.

(Soy consciente de cuántas veces he usado el adjetivo de ‘irresponsable’ a lo largo de esta columna para señalar la decisión del gobierno de poner en duda el sistema electoral y solo pienso que no han sido suficientes. Es precisamente eso: una irresponsabilidad rotunda, de esas que solo podrá juzgar la historia en la posteridad y la ciudadanía crítica en la actualidad).

Posdata. Qué inmenso daño ha hecho la política de las ‘bodegas’ de las redes sociales al debate público. Ya no se trata de argumentar y refutar las tesis ajenas, sino de definir una ‘línea’ e imponerla en gavilla, siempre desde la difamación y la destrucción del otro.

Es el triunfo de la ofensa y la bajeza, y la derrota de la razón. Una propuesta de gobierno decente debe tener entre sus prioridades desmontar ese sistema de bodegas y apostarle a un debate público que salga del fango.