Proyectos públicos vs. bienes públicos

El crecimiento de cualquier sociedad depende de los proyectos públicos: infraestructura, transporte, instalaciones médicas e instituciones educativas son solo algunos de ellos. Estas iniciativas se pagan con dinero de los impuestos y están destinadas a beneficiar a la población en general; por esto, no podemos perder de vista que somos todos nosotros los que estamos poniendo el dinero de nuestros bolsillos para el avance de la sociedad. Según nuestro modelo de democracia, la principal función del Estado es la de administrar los recursos públicos para el bien de todos. Aquella plata que ponemos a través de los impuestos que pagamos cuando hacemos mercado, tanqueamos nuestra moto, compramos nuestra ropa, entre otras actividades.

Cuando entendemos que es con nuestro dinero que se realizan las obras públicas, comprendemos que más que obras, son bienes que nos pertenecen a todos; es decir, que están destinadas para nuestro bienestar. Atendiendo estas reflexiones, debemos cuidar los proyectos desde su diseño hasta su construcción, desde su inauguración hasta su mantenimiento. Vale la pena que nos preguntemos: ¿Son todas las obras públicas proyectos que realmente nos proveen bienestar?

Un número creciente de personas está preocupado de que ciertas iniciativas gubernamentales no estén sirviendo, como deberían, al interés público. A pesar de que los proyectos públicos son importantes para el avance de la sociedad, dichos proyectos deben ser evaluados de acuerdo al nivel de bienestar común que generan.

A lo largo de la historia, las administraciones públicas han jugado papel crucial en la formación de las sociedades. Los gobiernos han realizado inversiones en infraestructura y otras obras públicas para mejorar la vida de las personas desde las civilizaciones antiguas hasta el presente. Estas inversiones han resultado, con frecuencia, en un crecimiento económico sustancial y en avance social.

Pero no todas las iniciativas gubernamentales son iguales, de acuerdo a su beneficio para el bienestar general, algunas pueden ser mejores que otras. por ejemplo, la ornamentación de los separadores viales puede mejorar el embellecimiento de la zona, como también impedir el uso del separador como parqueadero público. Sin embargo, esos proyectos no atienden ni la necesidad de mejorar la movilidad ni otras necesidades más prestantes de la ciudadanía como salud, educación, empleo o seguridad.

Por lo anterior, es esencial que evaluemos el impacto social de cada proyecto, antes de asignarle fondos de los contribuyentes. Esta evaluación debe tener en cuenta aspectos como la coyuntura actual, las necesidades más prestantes de la sociedad, el análisis de costo – beneficio, el retorno social sobre la inversión que se planea, así como también la influencia sobre el medio ambiente, impacto de igualdad social y un estudio de los costos y ventajas relativos de varias opciones.

Ejercicios como los adelantados por instituciones públicas como el Dane o por organizaciones ciudadanas, dan cuenta de las necesidades urgentes de la ciudadanía. Cualquier persona -incluyendo los funcionarios públicos- puede acceder a los resultados a través de la herramienta Datos que Hacen Ciudad (https://bit.ly/DatosCiudadCali). Es gracias a este tipo de información que los proyectos públicos pueden ajustarse para atender realmente el bienestar general.

En conclusión, los proyectos públicos ofrecen los servicios e infraestructura que mejoran la vida de las personas, pero no todas las iniciativas gubernamentales son iguales. Algunos proyectos pueden no ser los más necesarios para el avance de la sociedad, pues desconocen la realidad y las necesidades de los ciudadanos. Vigilando lo público, comunicándonos con nuestras administraciones y acompañando nuestras instituciones, podemos asegurarnos de que nuestras inversiones en iniciativas públicas mejoren el bienestar general, en lugar de solo servir a los intereses de grupos o políticos particulares.