Ojo con la institucionalidad

Fortalecer la institucionalidad democrática es vital para que tengamos garantías de estabilidad y avancemos en el desarrollo, el bienestar y la realización de los derechos humanos.

Uno de los ejes de esa institucionalidad es la separación y el equilibrio de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Esta se basa en que las ramas funcionen de manera independiente, pero complementaria, para que haya pesos y contrapesos en la misión de cada una: tanto del Congreso que representa al pueblo al debatir y aprobar las leyes; el Gobierno elegido para ejecutar las políticas plasmadas en esas leyes; y la justicia, que garantiza la aplicación debida de la Ley y la Constitución por las personas y las organizaciones –incluido el mismo Estado–. Cuando ese modelo funciona, las sociedades no dependen de la voluntad de una persona o del interés de un grupo específico de poder, sino que avanzan de manera predecible, organizada, con leyes estables que interpretan la voluntad amplia y plural de una comunidad.

Otras estructuras y marcos son también determinantes para la institucionalidad: Las autoridades electorales independientes garantizan elecciones justas, libres y transparentes; un banco central autónomo de la política de turno aporta estabilidad económica; los órganos de control vigilan actuaciones de funcionarios y el uso de los recursos públicos; en algunos países, prohibir la reelección presidencial promueve la alternancia en el poder y reduce el riesgo de autoritarismo; también los modelos de gobierno territorial descentralizado que permiten balance entre el poder nacional y el local; y la sagrada libertad de expresión que protege al pluralismo.

Toda esta institucionalidad enfrenta retos en distintos países, y Colombia no ha sido la excepción con la radicalización y los enfrentamientos políticos que estamos viviendo. Se está volviendo costumbre que, cuando el Congreso frena artículos o proyectos de ley al no encontrarlos justificados, la reacción del Ejecutivo es el ataque personal o el anuncio de decretos normativos para impulsar temas que considera importantes en su plan de gobierno, brincándose al legislador. Cuando la Justicia, al cumplir su papel, anula total o parcialmente decretos no adoptados según los marcos vigentes, o cuando la Junta del Banco de la República toma sus decisiones, o cuando un alcalde no está alineado a la visión oficialista, el Gobierno Nacional usa la descalificación y el discurso personalista contra quienes cumplen su rol constitucional.

El tema de la consulta popular es otro ejemplo. Aunque estas consultas se definieron como herramienta democrática, no puede desconocerse que, según la Constitución, distintas ramas participan en su convocatoria. Esas consultas no se diseñaron para hacer campaña electoral, ni para generar presión a una rama del Estado o como alternativa al proceso legislativo –para eso existe la vía del referendo–. Mucho menos, para dividir a la sociedad en torno a cómo se entiende la institucionalidad democrática.

En toda sociedad puede haber polarización, sobre todo en el mundo de la comunicación digital que, aunque más masiva e inmediata, es vulnerable a manipulación y fragmentación. Pero la radicalización y los ataques a la institucionalidad no serán la ruta que harán posible tener un país más estable y justo para todos.

Construir la institucionalidad ha significado una historia difícil y llena de períodos de conflicto político y de dolor para nuestro país y para las democracias del mundo. Ante los retos del debate actual, es esencial crear conciencia ciudadana sobre la importancia de la institucionalidad. Solo si los ciudadanos valoran el papel de cada rama del Estado y del diálogo entre visiones diversas –que no deben ser presentadas como enemigas–, podrán exigir a los líderes que interpreten con responsabilidad las insatisfacciones y expectativas de todos para construir dentro de la democracia, sin debilitar la cohesión y la convivencia. Y podremos preservar esa institucionalidad que impacta la vida diaria, social, económica y política de todas las personas, y que es determinante para consolidar un entorno predecible, fiable y favorable al desarrollo, el bienestar y la paz.