El legado petrista

A menos de un año de las elecciones presidenciales, los colombianos ya sabemos cuál será el legado petrista. Lo que comenzó con la idea de un cambio para avanzar, ha terminado siendo un cambio para retroceder.

Lo más grave, sin lugar a dudas, es la seguridad. El Gobierno abandonó la lucha contra la delincuencia y los grupos al margen de la ley. La “paz total” fue una estrategia mal concebida y ejecutada, cuyo verdadero objetivo fue la conservación del poder, con ceses al fuego unilaterales y una actitud complaciente frente al narcotráfico y la economía ilegal, lo que permitió el fortalecimiento de las organizaciones delictivas. Adicionalmente, la fuerza pública perdió capacidades para controlar la delincuencia y el territorio.

La economía ilegal progresó a pasos agigantados. Terminaremos descertificados por los Estados Unidos debido a la inane lucha contra el narcotráfico, lo cual se ha traducido en más de 250.000 hectáreas de hoja de coca y Colombia como el primer productor mundial con el 67 % del total sembrado.

Otra herencia será el crecimiento de la economía informal, aquella que no es ilegal, pero no paga impuestos, no afilia a los trabajadores al sistema de seguridad social, ni cumple con las obligaciones mercantiles, como llevar contabilidad o estar inscrita en el registro mercantil. Las políticas adelantadas por el Gobierno, como las incluidas en las reformas a la salud, pensional y laboral, con mayores costos y menores incentivos a la formalidad, pasarán una alta factura a la economía formal.

Por otro lado, el Gobierno se ha caracterizado por su desprecio hacia lo técnico. Muchos ministerios y entidades de carácter técnico, como el Ministerio de Hacienda, el DNP o varias superintendencias, han terminado politizadas. Cumplen agendas ideologizadas y sus capacidades técnicas han sido destruidas. Se despidieron funcionarios idóneos y se les reemplazó por inexpertos y fieles seguidores. El Gobierno ha quedado reducido a inexpertos principiantes, operadores políticos, fanáticos militantes y, en general, funcionarios incompetentes. Será un reto para el próximo gobierno reconstruir las capacidades técnicas del Estado en todos los niveles.

La rampante corrupción es otro de sus legados. Comenzó en la campaña presidencial y en su círculo más cercano, con presuntas financiaciones ilegales y excesos de los topes permitidos. Lo más irónico es que prometieron acabar con las malas prácticas políticas, pero terminaron refinándolas, elevando a un nuevo nivel el uso de recursos públicos para aceitar a los políticos y lograr la aprobación de sus regresivas reformas.

Finalmente, dejarán las finanzas públicas en un estado lamentable. El déficit fiscal de 2025 y 2026 estará por las nubes. Esta perspectiva, sumada a la negativa del Gobierno a disminuir gastos y al mal clima político y de orden público, implicó la rebaja de la calificación crediticia por parte de las calificadoras. Se pretende subsanar el déficit con una nueva reforma tributaria, lo cual no sería viable debido a la situación económica actual y a la elevada carga impositiva, que no permite exigir más a los contribuyentes. El próximo gobierno no encontrará la olla raspada; simplemente, no encontrará la olla.

Con este panorama, el legado de Gustavo Petro es lamentable y la historia lo calificará como el peor presidente de Colombia en los últimos 200 años.