¿Finanzas en la sombra?

La voraz competencia electoral, en la que cada vez hay un número mayor de competidores, no solo acrecienta el costo de las campañas, sino que asistimos al desarrollo de fuertes estrategias mediáticas, poco reguladas, especialmente en materia del uso de las redes sociales, derivando en un campo de juego desigual donde aquellos con más dinero podrían llegar a tener una mayor influencia sobre los resultados políticos. Esta práctica crea incentivos perversos para que un país permeado por el narcotráfico, experimente el ingreso de estos recursos en campañas.

Una consecuencia importante del financiamiento corrupto de las campañas es la distorsión de las prioridades políticas. Cuando los candidatos dependen de las contribuciones financieras de grupos de intereses especiales, pueden sentirse obligados a priorizar sus necesidades sobre las de los ciudadanos comunes. Esto puede conducir no solo a políticas que favorezcan a una minoría selecta, sino también a procesos jurídicos que beneficien a grupos al margen de la ley.

Más allá de esto, el financiamiento corrupto de campañas erosiona la confianza pública en el sistema político, impactando la participación ciudadana y golpeando la legitimidad de los funcionarios electos. Algunos dirán que “al fin y al cabo, no importa si yo voto o no voto, si exijo o no exijo, porque el grupo ilegal está dominando la política”.

Hace ya algunos años, los países han tomado medidas para abordar este problema a través de leyes de reforma del financiamiento de campañas. Estas leyes empiezan a exigir a los candidatos que revelen sus fuentes de financiación e imponer límites a las contribuciones individuales. Si bien estas reformas son un paso en la dirección correcta, se quedan cortas debido a lagunas o una aplicación deficiente. En el caso colombiano, la plataforma Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral, financiada por Transparencia por Colombia y otros actores internacionales, busca hacer visible estas contribuciones monetarias y en especie para generar confianza en los procesos de campaña y, posteriormente, en la gestión de nuestros gobernantes y la claridad sobre sus conflictos de intereses.

Además de las reformas legales, son fundamentales dos aspectos: el primero es que la financiación por parte de privados, que hoy por hoy representa la mayoría de los ingresos que reciben las campañas políticas, no debe ser tildada de corrupta ni ser demonizada, pues hace que cada vez menos empresas y particulares quieran aportar a las campañas de sus candidatos, por miedo a ser señalados como corruptos. Esto abre un boquete a que la financiación de grupos ilegales entre a reemplazar estos recursos que, de igual manera, van a necesitar los candidatos. Al contrario, debemos promover y proteger a los privados que quieran aportar de forma transparente. El esfuerzo que la Unidad de Acción Vallecaucana viene adelantando, de la mano de ProPacífico, ProBogotá, el Consejo Nacional Gremial, la ANDI, Funcicar, Transparencia por Colombia y la MOE, promueve la financiación responsable y busca que se apoye y promueva este tipo de financiación.

En segunda medida, es fundamental que los ciudadanos participen activamente en hacer que los políticos rindan cuentas por sus prácticas de financiación de campañas. Al exigir transparencia y hacer preguntas sobre las fuentes de financiamiento, los votantes pueden ayudar a exponer las prácticas corruptas y promover un sistema político más equitativo.

Protejamos la financiación privada, promovamos la transparencia y publicidad de las campañas sobre los recursos recibidos y generemos conciencia en la ciudadanía para hacerle veeduría al proceso. Solo entonces podremos tener verdaderamente un sistema político que represente los intereses de todos los ciudadanos en lugar de promover la ilegalidad.

*Director Unidad de Acción Vallecaucana