Dosis mínima

Lo que hizo el gobierno con la derogación del decreto de multas por porte de drogas no es ‘solo’ cumplir con una sentencia judicial. Tampoco es la legalización del consumo que dicen otros. Bajemos el volumen de la discusión apasionada.

En todo caso, sin ver el fondo del asunto, el manejo de la derogación por parte del gobierno deja varios efectos contraproducentes. Primero, porque en la práctica es una herramienta menos de la Fuerza Pública para combatir fenómenos asociados a las drogas que no está siendo reemplazada por ninguna otra. Segundo, porque es indudable que la gente percibe una correlación entre inseguridad y consumo y la ausencia de herramientas que reemplacen la anterior dificultará la reacción. Y tercero, porque la defensa de la medida ha terminado falsamente defendiendo las drogas, casi que como inofensivas y atacando a la Fuerza Pública.

Es cierto que las multas a los consumidores no son el camino para combatir ni el narcotráfico ni el microtráfico. No son ellos los peces gordos que deben ser perseguidos contra sol y marea. Tampoco era el camino para enfrentar el consumo. Muchos policías consideraban que aplicarlas era un desgaste innecesario cuando en la ciudad hay problemas violentos más serios a los cuales dedicarse. Es más urgente para ellos combatir ladrones y sicarios que alguien que consume en un andén o en un parque. Aplicar las multas era fuente de desgaste para su relación con los ciudadanos que no son, por defecto, violentos ni criminales.

Pero es engañoso y populista justificar la derogación porque sería esta una de las fuentes de una ‘guerra invisible’ contra los jóvenes llena de aberraciones que mencionó el presidente. Había errores y la carga en la policía podría hasta ser contraproducente, sí.

Está claro que existía una tensión entre la Policía y los consumidores por la aplicación de las multas y que la derogación la aliviará. Pero me parece obvio. A nadie le gusta que se le metan a decirle qué puede y qué no puede hacer. Menos en nuestra sociedad donde todos quieren hacer lo que se les antoja y le hacen conejo a cuanta regla hay. Si esa premisa se extendiera, la Policía entonces tendría que dejar de existir.

También es ingenua la defensa de la derogación y de la libre personalidad a ultranza, sin tener en cuenta la realidad de las amenazas criminales del país y las dificultades del sistema judicial. Como siempre, los bandidos son los mejores emprendedores y los traficantes se han acoplado a ese vacío que permite el porte y solo se abastecen de cantidades que les permiten evitar la judicialización. En nombre de los consumidores no violentos y no criminales le dan la bienvenida a la derogación, listo. Contra los que sí trafican con pistola en la cintura, cargan muertos en la espalda y fomentan el mercado induciendo el consumo de menores, ¿para ellos qué?