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Derechos y deberes éticos en la salud
Lo irónico de la actual crisis en materia salud, es que ella se viene presentando en momentos en que los recursos económicos estatales son mayores...

Garantizar el derecho a la salud de todas las personas que vivimos en Colombia es una responsabilidad ética del Presidente de la República, de su Ministro de Salud, del Superintendente de Salud, de los gobernadores departamentales, alcaldes municipales, y de todas las instituciones públicas y privadas prestadoras de servicios sanitarios, de medicamentos, lo mismo que de todos los centros educativos públicos y privados que tienen como misión la formación del personal médico y paramédico en Colombia.
De modo que en la actual y grave crisis que en materia de salud estamos viviendo en Colombia, todos ellos, de pronto unos más que otros, tienen responsabilidad y por eso su deber ético no es el de lavarse las manos o mirar para el cielo, sino el de contribuir, incluyendo a los candidatos a la Presidencia de la República en el 2026, a buscar soluciones por la sencilla y elemental razón de que la salud es vida y hace parte del derecho de las personas a vivir dignamente.
Lo irónico de la actual crisis en materia salud, es que ella se viene presentando en momentos en que los recursos económicos estatales son mayores, tanto a nivel nacional como regional, pero como no se ha hecho un procedimiento, como mandatan las leyes de seguimiento, control y reservas técnicas, lo que existe es un verdadero desorden donde lo público como lo privado no responden por sus responsabilidades y antes, por el contrario, se chutan la pelota unos a otros a fin de evadir cualquier tipo de responsabilidad individual o colectiva sobre la administración de los cuantiosos recursos económicos para la salud. Ese proceder, entre otros, es el que facilita la corrupción.
Desafortunadamente, eso es lo que está pasando a nivel nacional, departamental y municipal. Por fortuna tenemos hospitales, públicos y privados que, a pesar de las dificultades económicas que le han creado tanto el Gobierno Nacional como los gobiernos regionales, lo mismo que algunas EPS privadas, siguen funcionando bien y atendiendo adecuadamente a las personas. Una pregunta que tenemos que hacernos es: ¿Cuánto tiempo más continuarán aguantando tal situación?
En esa perspectiva y en el camino de que no podemos quedarnos callados frente a la gravedad de la crisis en materia de salud que estamos viviendo en Colombia, como exvicepresidente de la República, he considerado oportuno, promover la realización de amplios diálogos sociales con la participación de personas de la diversidad política y social sobre el tema de ‘Derechos y deberes éticos en la salud’.
Reconociendo que la actual crisis de la salud no inició en el gobierno actual, sino que se ha venido incubando desde hace varios años, no podemos ocultar que el Presidente de la República, el Ministro y el Superintendente de Salud, como responsables constitucionales del derecho a la salud de la población colombiana, sí tienen mucha responsabilidad del desorden o ‘bororó’ que se ha formado en materia de los servicios de salud y de suministro de los medicamentos, porque ellos, como principales responsables del funcionamiento coordinado de todo el sistema, posiblemente por hacerlo mejor, cometieron el error de desconocer los avances que Colombia, año tras año, ha venido obteniendo en materia de salud y del positivo papel que para el logro del mismo han contribuido las alianzas público privadas con instituciones que, poco a poco, se han convertido en un verdadero orgullo a nivel nacional.
Como rectificar es de sabios, con todo respeto le sugiero al Presidente de la República que por ahora retire su proyecto de reforma a la salud y convoque a un amplio diálogo social de saberes y de buenas prácticas público privadas en materia de salud y de esa manera cambiar el rumbo para bien del derecho a la salud de la población colombiana. Sugiero que a tan noble propósito democrático deben contribuir también con sus conocimientos y sugerencias todos los candidatos a la Presidencia de la República en el año 2026.
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