Del abuso y la ilegalidad

De entrada miremos lo que escribió Alejandra Barrios Cabrera en su ejercicio como directora del MOE, el 17 de enero del 2022: “La Misión de Observación Electoral se permite recordar a los funcionarios públicos, especialmente a aquellos que ocupan altos cargos tales como: alcaldes, gobernadores, Presidente de la República, ... ministros del Gobierno y directores de empresas públicas, entre otros, las prohibiciones generales que tienen en las contiendas electorales:

“-Tomar parte en las actividades de las agrupaciones políticas y en las controversias políticas (Constitución Política, Art. 127 inciso 2º y 3º).

“-Utilizar su empleo para apoyar una campaña política o presionar a particulares o subalternos para influir en procesos electorales (Código Único disciplinario, Art. 48 numerales 39 y 40).

“-Intervenir en política utilizando su poder para favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato o agrupación política (Código Penal, Art. 422).

“-Utilizar bienes y servicios del Estado para favorecer campañas electorales (Ley de Garantías, Art. 38, parágrafo)”.

¿Podrá entonces caber duda sobre la ilegalidad de la conducta personal reiterativa del señor Gustavo Petro en violación directa y sin tapujos de estas normas que son de obligado cumplimiento y en beneficio de su propia causa abusiva?

No lo esconde, lo ostenta sobre los beneficios del poder que maneja no en nombre del país sino de fuerzas populares ideadas sobre el irrespeto jurídico, que desprecia, y un odio de clase que lo ha llevado a extremos de locura como cuando dijo en su tono soberbio que Rodrigo Díaz de Vivar, el héroe conocido e histórico de la vieja España como el Cid Campeador, había sido el adalid de la esclavitud.

¡Hay que estar enfermo para decir esa sandez! Pero es ese el personaje, torpe de entendimiento, que nos gobierna. Y el que, a su modo arbitrario, intenta revivir una esclavitud que en Colombia se eliminó bajo el gobierno liberal de José Hilario López con ley de su iniciativa, marcada con el número 21, de mayo de 1851.

Hizo expedir una reforma tributaria e intentó algunas leyes, unas que no se aprobaron y otras que sí, pero que no se cumplieron. Tenía el propósito de gastar lo menos, para lograr en abundancia un dinero contante y sonante con el cual hace las movilizaciones que premia con billete largo, para que la gente salga a la calle, no a hablar, sino a escucharlo y aplaudirlo a él.

Era la misma manera que utilizaba aquel lejano Benito Mussolini, que llegó a movilizar al pueblo italiano en la que él llamó La Marcha sobre Roma, que le dio el poder absoluto de dictador sangriento; pero al que finalmente el pueblo castigó un 28 de abril de 1945 en la pequeña ciudad de Massegra. Allí lo colgaron con la cabeza hacia abajo y lo escupieron al igual que a su amante Claretta Petacci.

Petro es capaz de todo. Traiciona a sus amigos, salvo Armando Benedetti -quien mucho conoce de su vida- y Laura Sarabia, que conoce mucho de su intimidad. En una foto, en una playa, la abraza con la soltura de un amante, mientras ella reclina su cabeza cerca a la suya.

¿Pero qué hacen en el Congreso y en las Cortes y en los medios para impedir que Petro siga violando la ley y haga su campaña ventajosa y bien financiada -mientras le quitan el subsidio a los estudiantes de Icetex y la medicina a los enfermos y hay apagones por doquier y la muerte acecha el camino del campesino y los soldados, y el narcotráfico aumenta y todo se va hacia el abismo-? La tradición nos obliga a respetar nuestras tradiciones democráticas y a luchar por ellas, como lo hiciera aquel patricio romano Lucio Quincio Cincinato, ejemplo que da la historia a la vanguardia del deber.