Cumplamos con la Ofac

Además de lograr la descertificación, Gustavo Petro consiguió lo impensable: ser incluido en la lista Clinton. No lo hizo solo; arrastró a su esposa, a uno de sus hijos y a su articulado y maquiavélico ministro del Interior, Armando Benedetti. Siguió el camino de Daniel Ortega y Nicolás Maduro: ese sendero de déspotas latinoamericanos a quienes no les importa la cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo, las drogas y el lavado de activos.

Se metió con lujo de detalles. No lo hizo por terrorista, narcotraficante o lavador de dinero, sino por su errada política de ‘paz total’, su tolerancia con los cultivos ilícitos y la producción récord de cocaína. Tanto así que Trump señaló que Colombia era una “máquina de producir drogas” y que Petro no hacía nada para detener esa producción, incluso lo denominó ‘líder de las drogas ilegales’.

Así, dejándose provocar por el mendaz y lengüilargo populista, Trump hizo uso de la Orden Ejecutiva 14059 de 2021, indicando que dichas personas participaron o intentaron participar ‘en actividades o transacciones que hayan contribuido materialmente, o que representen un riesgo significativo de contribuir materialmente, a la proliferación internacional de drogas ilícitas o de sus medios de producción’. El asunto es político y claramente está relacionado con la laxa lucha antidrogas.

En términos prácticos, las consecuencias son personales y significan la muerte comercial en los Estados Unidos —y en muchos otros países—, no solo respecto de las instituciones financieras, sino también de las compañías del sector real, al no ser posible para entidades estadounidenses mantener relaciones comerciales con las personas incluidas en dicha lista, pues podrían ser multadas, e incluso incorporadas en ella si lo hicieren, lo que aplica igualmente para entidades extranjeras con vínculos con los Estados Unidos.

El problema práctico para Colombia radica en la necesidad de cumplir con la orden ejecutiva estadounidense, a fin de no quedar por fuera del sistema financiero y del comercio internacional. De hecho, existen listas restrictivas de cumplimiento obligatorio, como la de las Naciones Unidas. No obstante, también hay listas no obligatorias, como la lista Clinton, que, aunque formalmente no lo es, en la práctica resulta de cumplimiento casi obligatorio, pues hace parte estructural de los convenios internacionales de cooperación y de las relaciones comerciales entre los bancos colombianos y sus corresponsales extranjeros.

Así, los bancos y compañías colombianas que realizan negocios con los Estados Unidos están obligados a cumplir con la orden ejecutiva, so pena de que sus contrapartes estadounidenses les terminen las relaciones, o incluso sean incluidas en la lista.

La situación no deja de ser compleja y paradójica, dado el compromiso histórico del país y de sus autoridades en la lucha contra el terrorismo y el lavado de activos —incluyendo a la Superintendencia Financiera—. Sería un muy mal precedente que el presidente, con el propósito de cazar peleas o en nombre de una supuesta dignidad soberana, intente prohibir la aplicación de la lista Clinton en Colombia, como se ha hecho hasta ahora, pues ello generaría enormes perjuicios, no solo al sector financiero, sino también a toda la economía.

Por eso, dediquémonos a cumplir, porque no podemos permitir que los justos paguen por los pecadores.