Consulta antisocial

La reacción de Gustavo Petro y Armando Benedetti a su incontestable derrota en el Senado demuestra su talante antidemocrático y las verdaderas intenciones de la consulta populista.

Acusaron de fraude. Propusieron la realización de cabildos abiertos y movilizaciones en la calle. Anunciaron que presentarían de nuevo la consulta.

Primero sostuvieron que se había modificado el sentido del voto del senador Édgar Díaz. Cuando el senador dijo públicamente que su voto siempre fue por el ‘no’ y que no hubo tal cambio, alegaron que se había impedido votar a Martha Peralta.

Hay videos que muestran que la senadora anunció que se retiraba del recinto y que no volvió a tiempo para votar la consulta. En cualquier caso, su voto no hubiera cambiado la decisión de la mayoría (49 votos por el ‘no’ y 47 por el ‘sí’).

Se ha convertido en funesta costumbre que Petro acuse de delincuentes a los más variados personajes, sin jamás dar prueba alguna de lo que afirma.

Queda el estigma y el peligro. Lo prueban las amenazas de muerte que recibió Lina María Garrido, segunda vicepresidenta del Senado.

Por otro lado, los cabildos abiertos tienen por finalidad ‘considerar los asuntos que los residentes [de un departamento, municipio, distrito, localidad o comuna] soliciten sean estudiados’. No sirven los cabildos para modificar la legislación laboral.

Lo que mostraría la insistencia en la consulta es que a Petro y a la izquierda extrema no les importan en realidad los trabajadores, sino usar la consulta como herramienta de campaña.

El propósito real no es otro que activar a los grupos que les son políticamente más cercanos y trasladarles recursos.

Porque, hay que decirlo con claridad, la consulta populista era profundamente antisocial. De aprobarse su contenido, subiría cerca del 30 % el costo de cada empleo. Las consecuencias serían nefastas.

En contra de lo que han querido vender desde el Gobierno, ni siquiera los empleados formales se beneficiarían. Se perderían 450.000 empleos que se sumarían a los 2,7 millones de desempleados que ya hay. Quebrarían miles de micros y pequeñas empresas y aumentaría aún más el 57,2 % de informalidad que tenemos.

Y se malgastarían 700 mil millones más los miles de millones adicionales que usaría el Gobierno en publicidad, ‘eventos’ y actividades para financiar a sus partidarios con la excusa de la consulta.

Las prioridades de Petro y el gobierno son muy claras: plata para la politiquería y la campaña del 26. Y por eso insistirán en la consulta.

La responsabilidad de frenar el despropósito de la izquierda extrema seguirá en cabeza de esos 49 valientes que salvaron medio millón de empleos y 175 millones de dólares.

Contrario a lo que tantos sostienen, hasta ahora el sistema de frenos y contrapesos democráticos ha funcionado.

Y el Senado merece aplausos, sin duda. Ni con los sobornos ni con las amenazas y la intimidación del gobierno, ha claudicado.