Consulta abierta: democracia distorsionada

En nuestro país, las consultas partidarias han adquirido una dimensión que desborda el sentido original de la democracia interna. El caso más reciente y visible es el del Pacto Histórico. Su propuesta de realizar una consulta abierta -es decir, una votación en la que cualquier ciudadano pueda participar, sin importar su filiación política- ha activado un debate nacional, político, jurídico y financiero. Aunque la Constitución, en su artículo 103, contempla la participación ciudadana a través de mecanismos como la consulta popular, el uso de estos instrumentos para definir candidaturas de partidos o coaliciones es una práctica que plantea serias dudas sobre su conveniencia, legitimidad y costos.

En cuanto a la conveniencia, esta consulta abierta debe leerse como un síntoma, no como una excepción, que demuestra la debilidad organizativa de las coaliciones, la falta de reglas internas claras para definir liderazgos y la fragmentación de proyectos políticos que funcionan más como alianzas tácticas que como estructuras estables. La verdadera renovación política no pasa por multiplicar urnas, sino por repensar cómo se eligen los liderazgos sin trasladar a la ciudadanía el costo de resolver problemas internos.

Desde el punto de vista de la legitimidad, esta modalidad introduce dos graves distorsiones democráticas al permitir que ciudadanos distintos al partido, incurran en la escogencia de sus candidatos. La primera, que no representa la voluntad de la verdadera mayoría de quienes pertenecen a los partidos que participan; y la segunda, que se puede prestar para inflar engañosamente el respaldo que en el contexto nacional tiene ese grupo de movimientos. Así, la consulta abierta, en lugar de fortalecer la vida partidaria, puede debilitarla. A lo que se agrega que, con esa figura, han iniciado las campañas políticas de unos candidatos de forma anticipada frente a otras agrupaciones. Si los partidos convierten sus disputas internas en comicios nacionales, el resultado será una democracia tergiversada, frágil y menos representativa.

Adicionalmente, se suma el problema del costo. Se ha convertido la escogencia de unos candidatos en un ejercicio financiado con recursos públicos y respaldado por la logística de la Registraduría. Organizar una consulta nacional requiere por poco el mismo despliegue que una elección general. Puestos de votación, personal electoral, transporte, material impreso, tecnología y seguridad implican gastos que, la Registraduría en procesos recientes, alcanzan cientos de miles de millones de pesos. Todo esto, para no representar una realidad mientras el país enfrenta restricciones fiscales, crisis sociales y demandas presupuestales más urgentes que financiar ejercicios domésticos de una organización. En cambio, encuestas nacionales -realizadas con criterios técnicos y muestras representativas- ofrecerían una alternativa menos costosa y verificable para medir respaldos. Un estudio serio puede costar una fracción mínima de lo que vale convocar a millones de votantes a las urnas, sin necesidad de movilizar instalaciones electorales ni recursos estatales.

Colombia necesita participación, sí, pero también buen juicio. Esto no significa eliminar las consultas como herramienta sino redefinirlas. Las consultas cerradas al interior de cada partido, financiadas por sus propios recursos o mediante modelos digitales, podrían preservar la participación sin imponerle al Estado una carga desproporcionada. Una consulta propia debería servir para fortalecer la identidad de un partido, no para externalizar sus decisiones a todo el electorado. Y cuando el objetivo sea medir similitudes amplias, las encuestas proporcionan datos oportunos, auditables y menos débiles frente a posibles manipulaciones.

Cuando un mecanismo costoso y abierto reemplaza la deliberación partidista, lo que se debilita no es solo el presupuesto público, sino la democracia misma. Esta no se profundiza con consultas abiertas que desdibujan la identidad partidaria y desocupan los fondos públicos. La democracia se vigoriza cuando cada mecanismo cumple su propósito sin exceder sus límites, y cuando las decisiones internas se toman con métodos que aseguren eficacia, responsabilidad y coherencia.