Cali en llamas

El pie de monte situado al norte de la ciudad se transformó en un infierno y fueron centenares las hectáreas arrasadas. Los animales que habitaban la zona murieron carbonizados; adiós a los pequeños mamíferos y las aves. Ni hablar de las especies vegetales incineradas ni de las quebradas y vaguadas resecas. Las laderas están ahora ocupadas por las cenizas, la desolación y el silencio.

A pesar de la magnitud del infortunio, hay que destacar la respuesta oportuna y firme que dieron las autoridades y los ciudadanos. Ante el desafío sumaron esfuerzos los bomberos de Cali y Yumbo, nuestra Secretaría de Gestión del Riesgo, la Policía Nacional, la fuerza aérea, la CVC, etc. También lo hicieron decenas de ciudadanos y empresas vecinas, incluyendo colectivos como el Comité Ambiental de la comuna dos.

La imputación de responsabilidad sobre el inicio de los hechos se ha dirigido a grupos de inmigrantes venezolanos, quienes habrían quemado monte para iniciar un asentamiento de vivienda. Pero esta explicación no es suficiente, es necesario buscar claves en el régimen de usos del suelo aplicable a los territorios que sufrieron la conflagración. Tal es así porque la mayoría de lo quemado tiene clasificación de “ecoparque”, es decir, área relevante desde el punto de vista medioambiental destinada a la conservación de la biodiversidad.

Para preservar los ecoparques, el POT impone restricciones abrumadoras a la utilización y desarrollo de los predios involucrados. El resultado obvio es que aquellos bienes pierden valor y para efectos prácticos quedan fuera del comercio. Como consecuencia, los dueños que continúan pagando impuestos, difícilmente podrán asumir el costo de proteger aquellos inmuebles. El “ecoparque” soñado se convierte en carga agobiante, tierra abandonada a su suerte, antorcha adormecida que podrá arder en cualquier momento.

Además de los inconvenientes mencionados, la creación de los “Ecoparques” por el Concejo tuvo vicios de fondo. No parece que se hayan hecho las consultas ni los estudios previos requeridos. Por otra parte, la figura “Ecoparque” no corresponde a ninguna de las categorías del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), ni es contemplada entre las normas nacionales que regulan las zonas importancia ecosistémica. Lo anterior indica que los concejales que introdujeron esta figura exótica en el POT del 2014, pudieron haber incurrido en una violación a la ley, puesto que la creación de categorías de manejo ambiental no es función de los concejos.

Lo cierto es que esos ediles de Cali, en vez de escoger la vía facilista y peligrosa de congelar territorios, han debido generar esquemas regulatorios sostenibles que conciliaran la preservación del ambiente y el interés privado. Tales esquemas tendrían que considerar usos flexibles, incluyendo el de vivienda en sectores de interés ambiental, pero manteniendo regulaciones estrictas que garanticen la conservación de zonas verdes y bosques suficientes para la protección de la naturaleza. Así se hizo cuando comenzó el desarrollo residencial del barrio Pance, que por décadas fue un vergel.

Al Concejo Municipal que elegiremos en octubre próximo corresponderá la responsabilidad de expedir el nuevo POT y trazar estrategias medioambientales sostenibles. Escojamos los mejores concejales, no como los que han mantenido a la ciudad metida en aprietos.