Justicia de Perú rechaza solicitud de Fiscalía para prohibir salida de Dina Boluarte

La Justicia de Perú ha rechazado este martes la solicitud de la Fiscalía para impedir a Dina Boluarte salir del país por un período de entre 18 y 36 meses, al considerar que no existen indicios sólidos para apuntar a un riesgo de fuga ni a la implicación comprobada de la expresidenta en el blanqueo de capitales por el que se le acusa.

El magistrado Lolo Váldez ha decidido mantener la libertad de la exmandataria para salir del país durante una audiencia de la que se ha hecho eco el diario ‘La República’ y en la que ha aducido la falta de elementos que acrediten la existencia de un esquema financiero ilícito por parte de Boluarte que justifique la expedición de su pasaporte.

En particular, el juez ha considerado “irrisorios” los montos de 100 y 150 soles (25 y 38 euros) aportados por la Fiscalía y que no es posible hablar de una organización criminal para blanquear 15.000 soles (3.775 euros). Con todo, la investigación por este presunto delito continúa abierta y Boluarte ha sido convocada a un careo con el exministro de Gobernanza Territorial bajo la Presidencia de Pedro Castillo, Braulio Grajeda, investigado en la misma causa, a los próximos 27 y 28 de octubre.

La Fiscalía ha anunciado que recurrirá este fallo, después de que el viernes pidiera la retirada del pasaporte a la exmandataria por 18 y 36 meses por dos casos de corrupción de las siete causas que tiene pendientes ante la Justicia. Las más avanzadas son las relacionadas con las muertes de 49 personas en las protestas contra el Gobierno de finales de 2022 e inicios de 2023, y con un presunto delito de cohecho pasivo por la posesión de unas joyas y relojes de lujo.

El Ministerio Público hizo esta solicitud ante la pérdida de inmunidad de Boluarte, quien posteriormente ha negado tener la intención de salir del país o de buscar asilo.

El Congreso de Perú votó a favor de su destitución el pasado jueves por su “incapacidad moral permanente” para abordar la inseguridad en el país, una decisión precipitada tras el atentado ocurrido la noche anterior en un concierto del grupo Agua Marina que acabó con cinco personas heridas, cuatro de ellos miembros de la banda.