Sandra Ortiz no irá a la cárcel por escándalo de la Ungrd: juez tomó otra decisión por seguridad

La juez tercera de control de garantías de Bogotá anunció que Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, por ahora, no irá a la cárcel por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

En la audiencia realizada hoy miércoles 18 de diciembre de 2024, en contra de Sandra Ortiz, en la cual fue declarada culpable por los cargos amputados, Por razones de seguridad, la juez señaló que Ortiz no será enviada al centro penitenciario El Buen Pastor, de Bogotá, como se había señalado horas antes. Según la funcionaria, será trasladada a una guarnición militar, mientras se define un lugar adecuado para su reclusión.

“El juzgado enviará a la señora Sandra a una de las guarniciones militares, la que se logre establecer, mientras tanto seguirá a disposición o bajo la custodia de la Policía Nacional”, explicó la juez durante la audiencia.

La decisión se tomó considerando la necesidad de resguardar los derechos a la vida y la integridad personal de Ortiz, ante posibles riesgos en los centros penitenciarios tradicionales.

“No quisiéramos pasar por ese riesgo de que atenten contra su vida o su integridad personal. Ni más faltaba, también ella tiene esos derechos que le cobijan y que deben ser protegidos en esta situación”, enfatizó la funcionaria judicial.

La juez también señaló que, aunque en cárceles como La Picota o La Modelo existen pabellones destinados a funcionarios públicos, no se puede garantizar la seguridad de Ortiz en estos lugares debido a la coyuntura del caso.

Por esta razón, el juzgado solicitó apoyo para definir una guarnición militar adecuada, mientras el Inpec establece si existe un lugar apropiado dentro del sistema penitenciario para su reclusión. “No tendríamos esa seguridad frente a la situación que ella está viviendo, como ya lo ha dicho al señor representante del ministerio público, pues se necesita realmente Creer en esa situación”, señaló la magistrada posterior al dictamen.

La exconsejera presidencial, por ahora, seguirá bajo custodia de la Policía Nacional hasta que se determine su traslado definitivo.