Instauran demanda contra la magistrada Leonor Oviedo por salvamento de voto en caso Álvaro Uribe

Ante la Unidad de Fiscales de la Corte Suprema de Justicia se instauró una demanda en contra de la magistrada Leonor Oviedo Pinto, por los delitos de prevaricato por acción y omisión, al salvar su voto en medio de la decisión sobre el caso del expresidente Álvaro Uribe, quien resultó absuelto por los delitos de fraude procesal y soborno de testigos.

El demandante es el exmagistrado Eduardo Castillo González, quien consideró esta conducta como algo inaceptable. “El hecho de que la decisión no haya sido unánime es una vergüenza. Se demuestra que es una magistrada sesgada, politizada, que va contra la dignidad de los magistrados”, sostuvo.

Pese a que la togada argumentó jurídicamente lo que la llevó a tomar esa decisión, el demandante consideró que, comentarios como los hechos en la red social X acerca de las interceptaciones realizadas en el proceso en contra de Uribe Vélez, en las que la funcionaria señaló: “No creo que sea un error. Es el simple seguimiento a un número, que por el contexto se hacía necesario”, son un delito, pues la publicación se realizó cuando ejercía funciones como fiscal delegada ante el tribunal superior de Bogotá.

De hecho, el Tribunal determinó que las interceptaciones telefónicas que realizó la Corte Suprema de Justicia entre febrero y marzo de 2018 no fueron obtenidas de forma legal, pues no se sabía que se estaba interceptando al expresidente.

En su demanda el exmagistrado Castillo González denunció que la misma funcionaria el 31 de julio de 2018 en otros mensajes en sus redes sociales deja ver su posición en el caso. Por ejemplo, “respaldar al presidente Gustavo Petro cuando el mandatario cuestionó que unos periodistas hayan criticado las decisiones en ese entonces de la Corte Suprema”.

Dejando además de la opinión personal, una postura política: “no pensaba reirme tanto”.

“Las respuestas en los trinos evidencian una clara tendencia política que la obligaba a abstenerse de conocer el proceso en el que el señor Álvaro Uribe Vélez estaba siendo investigado, pues evidentemente tiene una posición política frente al asunto”, argumenta la demanda.

Así las cosas y basados en los hechos anteriormente mencionados, el demandante solicitó a la Corte Suprema adelantar de forma urgente “todas las actuaciones tendientes a establecer lo aquí denunciado y se vincule formalmente a la funcionaria mediante imputación de cargos, dentro del respeto de las garantías procesales a las que tiene derecho la funcionaria investigada”.