Imputan a exdirectivo de EPM, contratista e interventor por daños ambientales generados por Hidroituango para desviar el río Cauca

Fueron imputados el exdirector Ambiental, Social y de Sostenibilidad del Proyecto Ituango de las Empresas Públicas de Medellín (EPM) ESP, Jorge Ignacio Castaño Giraldo, el representante legal del consorcio constructor CCC Ituango, Santiago García Cadavid, y el representante legal y gerente de la interventoría del proyecto, Álvaro Aravi Castro Vásquez.

La razón, según la Fiscalía General de la Nación, es porque los tres exfuncionarios son considerados como presuntos autores de los delitos de daño en los recursos naturales y peculado por apropiación.

Según el ente acusador, los elementos materiales probatorios que utilizó indican que la decisión de implementar el Sistema Auxiliar de Desviación (SAD) de Hidroituango, que se construyó para desviar el río Cauca; y la puesta en marcha de la Galería Auxiliar de Desviación (GAD), fueron concretados con la suscripción de actas de modificación bilateral a los contratos de obra principales y de interventoría.

Lo anterior significa que los recursos del erario habrían sido apropiados por EPM en favor de los contratistas. Todo se dio por medio de la celebración de las actas modificatorias para la ejecución de obras no licenciadas y que fueron pagadas por más de 339.107 millones de pesos.

El contratista de obras principales, el Consorcio CCC Ituango representado por Santiago García Cadavid; junto con la interventora, Consorcio Ingetec - Sedic, en cabeza de Álvaro Aravi Castro Vásquez, habrían impuesto a la generadora eléctrica un funcionamiento no previsto en el diseño original, con consecuencias negativas para los recursos naturales y el medio ambiente. Asimismo, lo hicieron en la zona de influencia del proyecto, en la cuenca media y baja del río Cauca.

Estas controversiales decisiones fueron convenidas por Jorge Ignacio Castaño Giraldo, ejerciendo su cargo de director Ambiental Social y Sostenibilidad del Proyecto Ituango EPM, violando sus funciones en materia de gestión ambiental y social.

La Fiscalía estableció a lo largo de la investigación que las obras fueron llevadas a cabo sin cumplir lo que establece la normatividad ambiental. La razón es porque no se obtuvo modificación de la licencia ambiental y los trabajos fueron avanzando sin tener a la mano el estudio de impacto.

“Se adelantaron sin que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) se pronunciara sobre los aspectos de compensación, mitigación, control, manejo, seguimiento y mejoramiento del entorno humano y biológico del proyecto, así como los requerimientos sociales y ambientales”, señaló el ente investigador.

Además, la Fiscalía comprobó que la ejecución de las obras generó daños ambientales en ecosistemas y hubo “daños irreparables” hacia el suelo, recurso hídrico, fauna y flora de la región. En consecuencia, se vio afectada la subsistencia económica y alimentaria de las comunidades que habitan en el cañón del río Cauca.

Finalmente, los acusados decidieron no aceptar los cargos formulados por la autoridad judicial dirigida por la fiscal general, Luz Adriana Camargo.