¿Están solos los uniformados? En ocho meses fueron asesinados 132 miembros de la Fuerza Pública en Colombia

Según reveló el informe de Seguimiento a Indicadores de Seguridad y Resultados Operacionales del Ministerio de Defensa, entre enero y agosto de 2025 fueron asesinados 132 miembros de la Fuerza Pública en actos del servicio en Colombia, lo que representa un aumento del 144,4 % con respecto al 2024, cuando habían ocurrido 54 hechos.

La cartera de Defensa señaló que 55 de las víctimas fueron soldados y 53 miembros del nivel ejecutivo (policías).

Para el coronel (r) Carlos Soler, abogado y analista de seguridad y defensa, las emboscadas, ataques y atentados en los que han fallecido uniformados son el resultado del recrudecimiento del conflicto por, entre otros motivos, la política de paz total impulsada por el Gobierno Nacional, por lo que quedó demostrada “toda la capacidad que acumularon durante dos años los grupos armados ilegales”.

El consultor en seguridad y experto en inteligencia estratégica, Iván Carvajal, concordó. Según explicó a este medio, “la estrategia de paz total empoderó a los criminales, se han creado nuevos frentes de las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo ha subido en número de personas y en control territorial también. Ese incremento del actor criminal obliga a la Fuerza Pública a redoblar los esfuerzos y a hacer un trabajo más fuerte en contra de estos criminales”.

Además, Colombia es un país con un conflicto armado interno reconocido, por lo que la lucha entre las fuerzas estatales y los grupos armados ilegales incrementan los delitos contra la vida en las zonas más disputadas, como Cauca, Antioquia y la subregión del Catatumbo.

“Si bien es cierto que el Ejército y la Policía están haciendo la tarea y tenemos resultados positivos, por más que se esfuercen ellos no logran estar al nivel de la amenaza, que puede ser superior a las capacidades del Estado representado en el poder coercitivo de la Fuerza Pública”, indicó Carvajal.

De acuerdo con el analista político Eduardo Llano, “hay una ofensiva coordinada tipo guerra asimétrica. Están detrás disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo que usan drones, francotiradores y ‘plan pistola’ para debilitar al Estado y proteger sus rentas ilícitas”.

Un ejemplo de lo anterior es el plan pistola decretado por el Clan del Golfo, en el cual murieron 31 policías y militares entre el 1 y el 29 de abril.

Por ello, Llano puntualizó que el incremento en los homicidios contra miembros de la Fuerza Pública “refleja un grave debilitamiento de la seguridad estatal y el avance del crimen organizado en zonas estratégicas. El aumento de asesinatos busca intimidar, fracturar la moral institucional y demostrar control territorial frente al Estado”.

Cabe destacar que, además de los homicidios, se presentó un crecimiento en el número de uniformados heridos durante los primeros ocho meses del año.

De acuerdo con el informe del Ministerio de Defensa, 537 miembros de la Fuerza Pública resultaron lesionados, un aumento del 88 % con respecto al mismo periodo de 2024, cuando hubo 270.

¿Los uniformados están solos?

Iván Carvajal indicó que en las zonas de conflicto, además de mayor pie de fuerza, también debe llegar intervención social con el objetivo de que los civiles, que no confían en las autoridades, entiendan que los uniformados están de su lado.

Un ejemplo de lo anterior es la Operación Catatumbo o la Operación Cauca, que busca acompañar a las poblaciones victimizadas e instrumentalizadas para que cambien la actividad ilegal de la siembra de coca por la agricultura.

Sin embargo, el consultor en seguridad aseguró que “realmente no hay una respuesta del Estado para acompañar al Ejército; la inversión del Pacto por el Catatumbo o por el Cauca no está llegando y hay casos aberrantes, como por ejemplo, el Ministerio de Agricultura tiene una Unidad para la Sustitución de Cultivos Ilícitos y a lo largo de este año el porcentaje de ejecución de ese programa no supera el 25 %”.

De otro lado, el coronel (r) Carlos Soler afirmó que los uniformados deben tener todas las capacidades para defenderse de los ataques, pues no basta solamente con los protocolos institucionales. “Deben tener equipos antidrones de última tecnología, toda la capacidad de helicópteros, de aviones, de bombardeo y de francotiradores”.

Además, Soler agregó que los equipos antiexplosivos Exde, Marte y Delta son de vital importancia, así como las capacidades de evacuación en casos de emergencia o peligro.

“Dentro de la plantilla doctrinal, toda ocasión debe tener planeado un apoyo y un refuerzo a ser empleado de manera directa; esto se ha reducido por la falta de capacidad aérea, lo que lleva a los hombres y mujeres a andar por caminos”, dijo Soler.

Eduardo Llano concordó, pues sostuvo que se debe fortalecer la inteligencia, la tecnología antidrones y los escoltas. También es vital “mejorar blindajes y rotaciones, y coordinar acciones judiciales rápidas contra quienes financian o ejecutan ataques, pues la protección no solo es física, también moral y operativa”.

En el caso del Valle del Cauca, según un rastreo de El País, fueron asesinados 10 uniformados en actos del servicio entre enero y agosto: el patrullero de la Policía Fabián Ferreira (Cali); subintendente Jhon James Reyes (Toro); subintendente Orlando Cano (Jamundí); sargento segundo Wilmar Rivas y los soldados profesionales Andrés Estrada y Darío Estrada (Buenaventura); soldados profesionales Hernán Escuel y Juan David Arrieta (Buga); y el soldado profesional Juan Camilo Rentería (Tuluá).

Estrategias claras

Según los especialistas, las estrategias a implementar deben ser urgentes para evitar que en el último trimestre del año las cifras aumenten. “Cortar las economías ilícitas, judicializar a los autores intelectuales y recuperar presencia integral del Estado en los territorios es vital. Combinar fuerza legítima con desarrollo social sostenido es clave para romper el ciclo de violencia”, aseguró Llano.

Asimismo, Carvajal puntualizó que mientras no haya una acción integral del Estado, no solamente la fuerza del Ejército y de Policía contra los grupos ilegales, “sino también el acompañamiento del Gobierno con una inversión social sostenida presupuestalmente y que tenga eficiencia”, no habrá cambios.

Los expertos indicaron que el siguiente paso es reactivar el aparato de inteligencia anticipatorio, fortalecer los grupos de investigación con Fiscalía, CTI y Sijín para que hagan allanamientos.

“Se deben acelerar los procesos de captura, acelerar los procesos de judicialización para identificación, individualización y judicialización de todas las estructuras al margen de la ley y mejorar la capacidad carcelaria”, puntualizó el coronel (r) Soler.