Dos exempleados de un banco fueron judicializados por sustracción fraudulenta de datos

La Fiscalía General de la Nación reveló este viernes los resultados de una investigación que condujo a la judicialización de dos extrabajadores de una entidad bancaria.

Los sujetos son señalados de participar activamente en una red de ciberdelincuencia que operó en Santa Marta y Barranquilla entre los años 2021 y 2022.

Tras un trabajo conjunto por parte de las autoridades, lograron llegar a ellos y a su modo de operar ilegalmente.

Con esta investigación, fueron identificados como Lizeth Paola Marenco Posada e Iván Crespo Arias, quienes enfrentan cargos por presuntamente haber tramitado de manera fraudulenta 38 créditos.

La Fiscalía reveló que estos créditos fueron tomados por un valor superior a 280 millones de pesos, sin el consentimiento de los titulares legítimos.

Caso de suplantación

Según el ente acusador, los exfuncionarios, que desempeñaban funciones de asesoría y ventas en una sucursal bancaria en Santa Marta, habrían utilizado información confidencial de clientes para simular solicitudes de crédito.

Este mecanismo revela que aprovechaban las labores que desempeñaban para lograr obtener un gran número de clientes y posteriormente, acceder manera ilegal a su información.

Y es que los recursos, una vez aprobados, eran desviados a cuentas controladas por terceros, también presuntamente vinculados a la organización criminal.

Uno de los aspectos más delicados del caso es la manera en que los ahora procesados superaban los mecanismos de seguridad del banco.

Pues utilizaban placas de látex con las huellas dactilares de las víctimas, así como datos personales extraídos ilegalmente de las bases de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Esto les permitió vulnerar los filtros biométricos y documentales para abrir cuentas y solicitar préstamos a nombre de ciudadanos que nunca autorizaron dichos trámites.

Cargos

Ante la gravedad de los hechos y el seguimiento del caso, una fiscal adscrita a la Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos imputó a los capturados los delitos de concierto para delinquir, hurto por medios informáticos y acceso abusivo a un sistema informático.

Sin embargo, ambos implicados no aceptaron los cargos. Ante esto, un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad, por lo que deberán enfrentar el proceso judicial mientras permanecen detenidos.

Cabe destacar, que la investigación sigue en curso, y no se descarta la vinculación de más personas a esta red de operación criminal.

Finalmente, los capturados deberán cumplir con lo dictado por la Fiscalía mientras su caso sigue en manos de las entidades correspondientes en delitos cibernéticos.