Fiscalía le imputó cargos al exalcalde Daniel Quintero por escándalo de Aguas Vivas

La Fiscalía General imputó este martes al exalcalde de Medellín los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y prevaricato por acción por el caso relacionado con el lote Aguas Vivas.

Luego de dos aplazamientos de la audiencia, finalmente se realizó este martes la diligencia en el Juzgado 50 de Garantías de la capital antioqueña contra el exmandatario.

En este caso, también se imputó otros 10 funcionarios de la administración de Quintero por maniobras irregulares sobre un extenso predio ubicado entre Las Palmas y El Poblado, para facilitar su venta al municipio

“Señor Daniel Quintero Calle y señor Fabio Andrés García, ustedes tenían la conciencia de que proferir este acto administrativo manifiestamente contrario a la ley, es una conducta prohibida. No obstante, quisieron su realización”, señaló la fiscal del caso.

En la diligencia, la Fiscalía advirtió, en la imputación de cargos, que hubo “un acuerdo común y criminal” quienes se aprovecharon de ser funcionarios públicos para modificar el contrato y favorecer a terceros con el cambio del uso del suelo, del lote conocido como Aguas Vivas.

La Fiscalía expuso las pruebas sobre cómo el lote había sido entregado gratuitamente al Distrito, pero la administración de Quintero habría promovido su devolución con el fin de concretar una venta por más de 40 mil millones de pesos.

Este decreto que cambio en el ordenamiento territorial habría incrementado de forma significativa el valor del lote, generando condiciones para una venta al Distrito en condiciones favorables para los particulares implicados.

Entre los otros imputados están Natalia Jiménez, exsubsecretaria de Ejecución; Yina Pedroza, exsubsecretaria de Movilidad; Carlos Mario Montoya, exsecretario de Gestión y Control Territorial; Juan Diego de Jesús Moreno, representante de IDC Inversiones SAS, y José Fernando Rueda, representante de Técnicas Constructivas SAS.

En medio de la diligencia, las indiciadas Ingrid González Montoya, exsecretaria de Gestión Humana, y Yina Marcela Pedroza Gómez, exsubsecretaria legal de Movilidad, pidieron suspender la audiencia, manifestando que su abogado defensor no pudo asistir.

“Siempre hay un abogado que no puede”, argumentó la delegada de la Fiscalía, quien pidió dar continuidad al proceso sin las dos indiciadas.

Cabe recordar que la diligencia fue reprogramada para este martes el pasado 1 de abril, luego de dos aplazamientos que fueron solicitados por la defensa de algunos de los implicados. En la última ocasión. uno de los abogados de uno de los ex funcionarios de Quintero fue el que pidió el aplazamiento, argumentando tener otra audiencia a la que debía asistir.

No obstante, también el pasado 25 de marzo, la imputación había sido aplazada tras las solicitudes presentadas por dos de los abogados defensores, quienes argumentaron motivos personales y profesionales.

*Con información de Colprensa.