Caso Marelbys Meza: dos policías implicados en las ‘chuzadas’ recibirán 10 años de condena

Los uniformados de la Policía, Alfonso Quinchanegua y Danna Cañizales, implicados en las interceptaciones ilegales de las comunicaciones de dos ex empleadas de la exjefe de gabinete de la Presidencia, Laura Sarabia, fueron condenados a diez años de prisión luego de firmar un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación y que aceptaran su culpabilidad en el caso.

El pasado 10 de septiembre ambos aceptaron su responsabilidad y pidieron perdón.

Por su parte, Quinchanegua dijo estar arrepentido. “Quiero presentar excusas públicas a todas las partes afectadas, a los ciudadanos que de una u otra forma afectamos tanto moral como psicológicamente. Estoy arrepentido de todo lo que se quiso hacer en este proceso”, señaló.

De otro lado, Cañizales aseguró que cometió errores y que siguió órdenes. “Por falta de experiencia, por creer, confiar y recibir órdenes de mis superiores, todo me llevó a creer poder hacer un trabajo de manera honesta y correcta para la comunidad. Sin embargo, quiero pedir disculpas por mi error a las víctimas: a la señora Marelbys Meza, Lucía Robles, Fabiola Perea, al señor Johnson Pineda; a los fiscales, la doctora Marvel Morales y el doctor Óscar Zapata y a sus familias”, indicó.

Según la investigación realizada por una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, se estableció que estos uniformados, en ejercicio de sus cargos, participaron en las interceptaciones ilegales de las comunicaciones de dos ex empleadas de Sarabia.

En ese contexto, el intendente Quinchanegua y la patrullera Cañizales, con documentos falsos lograron que un fiscal de hurtos de la Seccional Bogotá ordenara intervenir las líneas celulares de Marelbys Meza y una persona muy allegada a esta, como parte de una investigación por la pérdida de un dinero en el lugar de residencia de Sarabia.

El ente acusador estableció que los uniformados también induciéndomelo en error a los fiscales, quienes creyeron en sus solicitudes; y a los jueces de control de garantías que legalizaron las interceptaciones.

*Con información de Colprensa.