Cámaras de seguridad en Cali: 23% están fuera de servicio y no hay planos de la red de fibra óptica; hay más hallazgos

El miércoles 24 de mayo del año pasado Yessica Alexandra Pérez se dirigía de regreso a su casa. Iba como parrillera en una motocicleta, pero a las 11:30 de la noche, en la intersección de la Carrera 5 con Calle 62, en el norte de Cali, el conductor de la moto se habría pasado el semáforo en rojo y se estrelló con un vehículo. Nadie vio, solo una cámara de seguridad de la ciudad, pero la grabación es de pésima calidad.

Yessica quedó gravemente herida, fue llevada a un centro médico, pero a pesar de los esfuerzos de los especialistas, falleció a las 9:30 a.m. del siguiente día. Los sueños de esta mujer, de apenas 31 años, fueron apagados por un conductor irresponsable.

La Fiscalía abrió una investigación por homicidio culposo por estos hechos. Sin embargo, el conductor trató de evadir su responsabilidad diciendo que quien iba conduciendo la moto era Yessica, a pesar de que ella, según su familia, no sabía maniobrar este tipo de vehículo y tampoco tenía licencia.

Jakeline Mosquera es la hermana de Yessica. Ella vio que en el lugar del accidente había una cámara de seguridad, por lo que solicitó ante las autoridades una copia de la grabación para utilizarla como prueba.

“Me pude enterar extraoficialmente que esa cámara estaba activa y por eso me animé, a través de peticiones, a solicitar la conservación de los registros. Pero me enteré que en la cámara no se puede apreciar nada ya que la imagen es completamente borrosa. Solo se ven luces y no se alcanzan a diferenciar las siluetas de personas”, dijo, en diálogo con El País, Jakeline Mosquera.

La mujer explicó que para ella era muy importante obtener la grabación de esta cámara de videovigilancia, ya que sería otra forma de demostrar que el conductor está mintiendo.

Además, Jakeline sostuvo que cuando ocurrió el accidente el hombre se encontraba en libertad condicional.

Un informe elaborado por el concejal de Cali Juan Felipe Murgueitio, en el que se aborda con profundidad cuál es el estado de las cámaras de videovigilancia en la ciudad, reveló que actualmente hay instalados 1912 de estos dispositivos, pero el 23% de ellos no está en funcionamiento por diferentes razones. Inclusive, al final de la Alcaldía de Jorge Iván Ospina, la situación era crítica, pues el 68% de las cámaras estaban por fuera de servicio.

Además, según el informe, casi la mitad de las solicitudes de grabaciones de delitos cometidos cerca de una cámara de seguridad que hace la Fiscalía son respondidas negativamente por fallas en el sistema.

Según información entregada por la Policía Nacional al Concejal, desde enero de 2024 a abril de 2025, la Fiscalía hizo 803 de estas solicitudes, de las cuales 384 (47,8%) fueron negadas por novedades como dispositivos fuera de servicio.

Al obtener estas cifras, El País buscó conocerlas un poco más en detalle con la Seccional de la Fiscalía en Cali, pero manifestaron que no se iban a pronunciar al respecto.

Quizás uno de los datos más preocupantes del informe es que actualmente no existen planos de la red de fibra óptica del sistema de cámaras de seguridad en toda la ciudad. Es decir, la Alcaldía no sabe con exactitud cuál es la ruta de los cables por los que estas cámaras envían la señal en vivo.

“Esto dificulta la localización de daños y retrasa las reparaciones, que pueden tardar desde horas hasta varios días. Aunque los contratos actuales incluyen el levantamiento de esta información, hasta mayo de 2025 solo se habían actualizado 24 de los 300 kilómetros existentes de cable, debido a restricciones presupuestales”, dice la investigación del concejal Murgueitio.

El subsecretario de Seguridad y Justicia de Cali, Álvaro Pretel, afirmó que conocen esta problemática, por lo que desde el año pasado iniciaron la planimetría para saber cuál es la ruta de los cables de fibra óptica del sistema.

“Para saber por dónde va la fibra, hay que subirse a los postes y verificar en detalle. Esa no es una tarea que se pueda hacer andando en un carro e ir mirando hacia arriba. El año pasado dijimos que si queríamos recuperar la gobernanza, deberíamos saber por dónde va la fibra óptica de las cámaras”, aclaró el Subsecretario.

Como si fuera poco, el informe muestra que el monitoreo de estas cámaras es insuficiente, pues según la Policía, el Centro Automático de Despacho cuenta con 119 operadores que están divididos en tres turnos al día, lo que significa que hay aproximadamente 40 operadores por turno y cada uno debe monitorear 47 cámaras al mismo tiempo, algo que es prácticamente imposible.

El general Carlos Oviedo, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, dijo que las cámaras de circuito cerrado “no son una responsabilidad” de la institución y que tampoco es su deber “colocar un policía para ver cada cámara de circuito cerrado”.

“Nosotros no tenemos ni presupuesto ni injerencia en la instalación y el mantenimiento de las cámaras. Simplemente, dentro de la estrategia de seguridad de la Alcaldía, nosotros las visualizamos y, cuando hay un servicio de Policía, el operador toma la cámara más cercana y ayuda a direccionar las patrullas”, aclaró Oviedo.

¿Cómo funciona el sistema de cámaras de seguridad?

“Este es un sistema de videovigilancia que es propiedad de la Alcaldía de Cali. La fibra óptica, que es la Red Remi (Red Municipal Integrada) es propiedad del Distrito y son 24 hilos, de esos 24 hilos, 12 le corresponden al Distrito para que por ejemplo los Cali tengan Internet o le llegue fibra óptica a los hospitales. Los otros 12 hilos hacen parte o están a cargo de la Secretaría de Seguridad. Los 12 hilos que hacen parte del Distrito los Administra el Datic”, explicó el Subsecretario de Seguridad.

Álvaro Pretel fue claro en afirmar que en esta Alcaldía han presentado avances, pues hoy cerca del 77 % de las cámaras se pueden visualizar, mientras que en enero del año pasado era solo el 32 %. “Eso sí, un sistema de vigilancia nunca te va a funcionar al 100 % porque cuando llueve se puede caer alguna rama, porque las cámaras puede que tengan un lente obstruido o sucio por la lluvia o el polvo, además de las caídas de energía”.

El cable de la fibra óptica va por aire y ese es uno de los grandes problemas que tiene el sistema, pues al ir por aire, quienes buscan robar cable de cobre, también se roban la fibra.

“La seguridad es nuestra principal preocupación. Nosotros nos hicimos elegir con el emblema de defender y trabajar por la seguridad de los caleños. Hoy cada encuesta que sale muestra que a los caleños esto les preocupa”.

Juan Felipe Murgueitio, concejal.

Es urgente la renovación

De acuerdo con entrevistas a funcionarios y expertos, al menos el 27 % de las cámaras del sistema (515 unidades) superan los 10 años de antigüedad y muchas corresponden a las primeras fases de expansión del sistema, dice el informe del Concejal.

Actualmente, el 47% de las cámaras son tipo domo (889 unidades) y el 53% son fijas (1.023 unidades), distribuidas en 1335 puntos de monitoreo. Las cámaras tipo domo (PTZ, por sus siglas en inglés) permiten rotar el foco, hacer acercamientos y modificar el ángulo de visión en tiempo real, lo cual es útil para el monitoreo activo. Sin embargo, cuando no están siendo operadas por un funcionario, estas cámaras rotan automáticamente según una programación preestablecida.

“En Cali hay cámaras que son de diferentes marcas y muchas tienen un componente de obsolescencia bastante grande, por lo que toca hacer trabajos adicionales para que varios sistemas y software sean compatibles. Hay dispositivos que ya entraron en obsolescencia porque llevan operando las 24 horas del día durante más de 10 años. Estas cámaras, en anteriores contratos, no fueron reemplazadas, sino que por el contrario se optó por una bolsa de repuestos que arreglaba solo partes de las cámaras como los lentes o rotores”, argumentó Pretel.

Inclusive, en el informe del concejal Juan Felipe Murgueitio, se evidenció que de los 60 meses que hay entre el 2020 y 2024, en 48 no hubo ningún contrato para hacerle mantenimiento a las cámaras.

El País conoció que hoy hay tres contratos vigentes para la reparación de las cámaras, dos con la Secretaría de Seguridad y uno con Datic. Todos terminan el 31 de diciembre próximo.

El primer contrato se firmó el 16 de mayo de 2025 por un valor de $5785 millones para hacerle mantenimiento a la infraestructura de las cámaras. El segundo es por $937 millones para una interventoría al mantenimiento y este inició el 20 de mayo.

Finalmente, el tercer contrato, por $3114 millones, se firmó con Emcali el 26 de mayo para que ellos sean los encargados del mantenimiento de la red Remi.

¿Qué soluciones hay?

“Antes de que el sistema siga creciendo, como ya lo viene haciendo, hay que hacer un paro en el camino, fortalecer la infraestructura que ya existe y no crear más puntos de videovigilancia. Hay que recoger lo que hoy está funcionando a media máquina e invertirle para que funcione al 100 % de su capacidad”, recomendó el Concejal.

Murgueitio también dijo que es necesario que “haya un solo equipo que responda por el sistema para que la gobernanza se vuelva una fortaleza y no un desorden, como lo es hoy en día”.

“Además de que haya un solo equipo que responda por el sistema, proponemos que haya tres indicadores clave: la generación de evidencia, vigilancia efectiva y disuasión del delito”, dijo el Concejal.

Para Álvaro Pretel, son tres los retos que hay en el camino. El primero de ellos es aumentar a 80 los días de grabación de las cámaras. “Esto es fundamental para que cuando el fiscal pida la prueba la pueda tener, pues a ellos no les llega un caso a los tres o cuatro días de ocurridos los hechos”.

Como no hay ojos suficientes para ver todas las cámaras, el otro desafío es involucrar más la tecnología. “Hay que utilizar algoritmos que me permitan detectar desde placas de vehículos robados para poderles hacer seguimiento, hasta donde pueda detectar aglomeración de personas o disparos”.

Finalmente, el Subsecretario de Seguridad considera que debe haber más articulación entre dependencias de la Alcaldía, por lo que dijo que ya se están pidiendo los permisos para incorporar las cámaras de fotomultas y las que hay en el MÍO a la red actual de videovigilancia.

Finalmente, el concejal Juan Felipe Murgueitio dijo que se realizará un debate de control político que será fundamental para lograr un compromiso público de la Secretaría de Seguridad y Justicia.

“También vamos a presentar un proyecto de acuerdo que busque determinar un nuevo esquema dentro de la Administración que priorice el sistema de videovigilancia. Estamos hablando de una posible reforma administrativa que tendría que elaborarse de la mano con la Alcaldía, pero con la presión de la ciudadanía y la exposición de esta problemática, nos servirá para abrir las puertas con los tomadores de decisión”, indicó.