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Álvaro Uribe es declarado culpable, en primera instancia, por soborno en actuación penal y fraude procesal
La jueza Sandra Heredia halló culpable al expresidente por manipulación de testigos.
29 de jul de 2025, 12:07 a. m.
Actualizado el 29 de jul de 2025, 12:27 a. m.
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Álvaro Uribe Vélez, expresidente de la República y figura central de la política colombiana en las últimas dos décadas, fue declarado culpable este lunes, 28 de julio, por la jueza 44 Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Heredia, en el proceso que se le seguía por soborno, fraude procesal y soborno de testigos.
La decisión, inédita en la historia del país, convierte a Uribe en el primer exmandatario colombiano condenado penalmente.
El fallo de primera instancia responde a un entramado judicial que se remonta hace casi 13 años.
El origen del caso
Todo comenzó el 17 de septiembre de 2012, cuando el senador Iván Cepeda presentó un debate de control político sobre el paramilitarismo en Antioquia. Allí, exparamilitares como Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve señalaron a los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez como presuntos promotores del Bloque Metro de las AUC.
En respuesta, Uribe denunció a Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia, acusándolo de manipulación de testigos. Según Uribe, el senador habría ofrecido beneficios carcelarios a cambio de testimonios falsos en su contra.
La Corte Suprema investigó durante seis años y concluyó en 2018 que no existía mérito para procesar a Cepeda. Por el contrario, encontró indicios de que el entorno de Uribe habría intentado influir en varios testigos para que modificaran su versión, entre ellos Juan Guillermo Monsalve, quien grabó en secreto una conversación con el abogado de Uribe, Diego Cadena, en la que este le ofrecía beneficios y le entregaba un borrador de retractación.
Además, Carlos Enrique Vélez, otro testigo, reveló que recibió pagos por más de 40 millones de pesos a través de giros a sus familiares.
El 24 de julio de 2018, la Corte abrió la investigación formal y el 8 de octubre de 2019, fue llamado a indagatoria.
En septiembre de 2018, un error llevó a que la Corte interceptara el teléfono de Álvaro Uribe, que en el expediente aparecía como el del excongresista Nilton Córdoba Manyoma.
En las llamadas, supuestamente, Uribe hablaba de un plan para revertir los testimonios en su contra.
En agosto de 2020, la Corte le impuso detención domiciliaria, alegando riesgo de obstrucción a la justicia. Fue entonces cuando Uribe renunció al Senado, perdiendo su fuero y trasladando el caso a la Fiscalía General de la Nación.
En 2022 y 2023, los fiscales Gabriel Jaimes y Javier Cárdenas intentaron cerrar el caso por falta de pruebas.
Ambos intentos de preclusión fueron rechazados por las juezas Carmen Helena Ortiz y Laura Barrera, quienes concluyeron que el material probatorio era sólido y ameritaba juicio.
En paralelo, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial sancionó al abogado Diego Cadena con tres años de inhabilidad por intentar inducir a un testigo para que “no se dijera la verdad”.
El 9 de abril de 2024, bajo la dirección del nuevo fiscal Gilberto Villarreal, la Fiscalía presentó un escrito de acusación formal contra Uribe.
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