¿Proceso contra el expresidente Álvaro Uribe podría prescribir? Juristas analizan el caso

A la expectativa de que el viernes la justicia dicte sentencia en contra del expresidente Álvaro Uribe y su defensa presente el recurso de apelación, aumentan las preguntas sobre si todavía hay posibilidad de que el caso prescriba.

Para expertos consultados, aunque podría caber la opción, esto no ocurrirá porque el Tribunal Superior de Bogotá, adonde llegará la apelación del fallo, tendrá hasta octubre para responder y no permitir que el proceso llegue hasta ese punto.

“El tribunal tendrá la mitad de agosto y septiembre para tomar una decisión. De manera que eso no va a ocurrir”, explica el presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, Francisco Bernate.

Con ese mismo argumento coincide el penalista Juan Felipe Criollo, quien explica que aún hay un tiempo prudente para que se tomen decisiones. “Creo que estamos lejos del fenómeno de la prescripción en este proceso”, argumenta el abogado.

Pero aclara que el tribunal tiene que pronunciarse cinco días antes de que venza ese término.

Explicó también que “cuando se profiera la decisión de segunda instancia del tribunal, se tienen cinco días para que la parte vencida informe que va a presentar recurso de casación y otros 30 días para sustentar esa petición”.

Por eso, el tribunal tiene que tomar la decisión en ese término, para que, cuando se presente el recurso de casación, se abra la puerta para ampliar el plazo por otros cinco años más.

Como se conoció el pasado lunes, Uribe fue declarado culpable de tres conductas de soborno en actuación penal, dos de fraude procesal y absuelto del delito de soborno simple.

La juez no ordenó su captura, solicitud que también hizo la defensa del exmandatario, y prefirió diferirla a una instancia posterior, teniendo en cuenta que, por el mínimo de las penas que tienen previstos los delitos por los que ha sido condenado, tendría el beneficio de prisión domiciliaria.

El abogado del exjefe de Estado, Jaime Granados, anunció que presentarán la apelación ante el tribunal el próximo lunes 11 de agosto.

Además, el equipo de la defensa emitió un comunicado en el que indica que, de ser necesario, se acudirá a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

“La defensa discrepa jurídicamente de las valoraciones expresadas en el sentido del fallo por la juez, las cuales serán debatidas por los canales legales establecidos para ello. Esta no es una decisión definitiva: la presunción de inocencia permanece intacta y aún existen recursos”.

Desde sectores afines al exmandatario también han expresado su esperanza de que la apelación lo beneficie.

“La presunción de inocencia del expresidente Uribe permanece intacta y tenemos la certeza de que, en la etapa de apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá, se llevará a cabo una evaluación imparcial, objetiva y rigurosa de los hechos y de las pruebas legalmente incorporadas al proceso. Confiamos en que este examen permitirá salvaguardar las garantías procesales del exmandatario y contribuirá al restablecimiento pleno de su inocencia, así como de su buen nombre y honra”, señaló el exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA José Manuel Restrepo.

De otro lado, ayer el procurador general, Gregorio Eljach, y los presidentes del Senado, y la Cámara, Lidio García y Julián López, respectivamente, hicieron un llamado a la calma ante la creciente tensión en el país generada por el caso.

“Está caldeado y hay mucha polarización en este momento, pero debemos dar espacio a la justicia para que actúe con independencia y sin presiones”, señaló Eljach en nombre de los tres, y destacó que respetarán las decisiones judiciales.

El Procurador también hizo un llamado a la empatía, mencionando que la condena está afectando el entorno familiar de Uribe. “Es importante pensar también en el ser humano que está allí afectado, en esa familia”, y recordó que el expresidente enfrenta una situación difícil.

Finalmente, sobre las posibles acciones del Ministerio Público en relación con el fallo y las decisiones judiciales que pudieran tomarse en el futuro, como la imposición de una medida de detención domiciliaria o carcelaria, Eljach aclaró que el organismo de control no tiene injerencia directa en las decisiones del procurador delegado.