Alias Pipe Tuluá, bajo vigilancia máxima en la Dijín: así evitan su poder y corrupción desde prisión

Andrés Felipe Marín Silva, conocido como Pipe Tuluá, permanece recluido en los calabozos de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) en Bogotá, bajo un estricto esquema de vigilancia. El dispositivo de seguridad tiene como eje principal impedir cualquier intento de fuga o comunicación irregular desde el interior de la cárcel.

Fuentes cercanas a la institución le revelaron a SEMANA, que el plan es coordinado por dos coroneles de la Policía Nacional. Uno de los puntos clave del esquema es el constante relevo del personal encargado de la custodia, medida que busca reducir el riesgo de complicidades o actos de corrupción.

Los uniformados asignados a su vigilancia también están sometidos a controles internos frecuentes. La estrategia también contempla una limitación estricta en el contacto con el detenido, con el fin de evitar la generación de redes de favores o beneficios indebidos.

Como lo ha expuesto SEMANA, se busca evitar que se repitan situaciones como la registrada en la cárcel La Picota, donde Pipe Tuluá tuvo acceso a elementos que no le correspondían. En esa ocasión, se comprobó que su celda contaba con enchapado, televisión privada, minibar y otros lujos.

Su reclusión en la Dijín obedece, además, a que actualmente enfrenta un proceso de extradición a Estados Unidos por delitos asociados al narcotráfico. Además, ha sido condenado en Colombia a 30 años de prisión por homicidios y otros crímenes de alto impacto.

Pipe Tuluá es identificado como el cabecilla de la estructura criminal La Inmaculada, que opera principalmente en el municipio vallecaucano de Tuluá. Las autoridades le atribuyen más de 40 asesinatos y acciones como extorsión, secuestros y coordinación de rutas de tráfico ilegal.

La Policía también busca evitar que el detenido continúe ejerciendo influencia sobre redes criminales desde el lugar de reclusión. Informes recientes señalan que durante su paso por distintos centros penitenciarios del país, habría consolidado vínculos con otros jefes del crimen organizado.

Tras su traslado a la Dijín, se registró un repunte de violencia en Tuluá, incluyendo ataques contra el sistema de transporte y amenazas a la fuerza pública. Las autoridades han atribuido estos hechos a reacciones de su red criminal, en aparente respuesta a las medidas restrictivas.

Aunque la Policía no ha confirmado si estos hechos están directamente vinculados con el encarcelamiento de Pipe Tuluá, las acciones delictivas fueron rechazadas públicamente por el Ministerio de Defensa, que insistió en el compromiso institucional para desarticular estas estructuras.