Gobierno elimina la licencia de construcción en remodelaciones de viviendas: estos serían los riesgos

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, realizó la eliminación por medio del decreto 1166 del 4 de noviembre de 2025, la exigencia de licencia de construcción, haciendo aclaración que se refiere a los programas de mejoramiento, construcción en sitio propio y autoconstrucción, en el modelo de “autogestión”.

Dentro del decreto expedido por el Ministerio, indica que se implementará en los próximos seis meses una estrategia para capacitar y certificar a los profesionales, la norma entra en vigencia de inmediato, incluso sin esa capacitación.

De esta forma y bajo esa nueva normativa, los proyectos que se aprueben únicamente con una carta de responsabilidad firmada por un arquitecto o ingeniero y el registro ante los entes territoriales correspondientes.

Esta decisión de la cartera, se enmarca dentro de los programas de mejoramiento de vivienda, construcción en sitio propio y autoconstrucción, en los que los hogares pueden participar directamente en la ejecución de las obras.

El decreto ha generado polémica y para la concejal Sandra Forero, esta decisión adoptada por el Gobierno desregula el principal instrumento de formalidad técnica en el sector vivienda.

“Eliminar la licencia de construcción en proyectos financiados con recursos públicos es un retroceso institucional. No hay seguridad jurídica, ni técnica, ni urbanística. Es una política que pone en riesgo la vida de las familias más vulnerables”, afirmó Forero.

Por otro lado, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo, el Gobierno nacional se comprometió a realizar 400 mil mejoramientos de vivienda, de los cuales se han entregado menos de 50 mil.

“La licencia de construcción es una garantía de la formalidad y de la ejecución técnica planificada. Suprimirla como requisito no agiliza el desarrollo del sector, lo empuja a la informalidad”, indicó la concejal.

De esta manera, cada subsidio puede llegar alcanzar hasta $31,3 millones, equivalentes a 22 salarios mínimos. La meta representaría una inversión de $12,5 billones de pesos, sin que se requiera licencia de construcción.

Asimismo, la Concejal advirtió, además, que el Ministerio decidió avanzar con una disposición que perjudica los controles que permitan garantizar la seguridad estructural de las viviendas que sí se les otorgaba la licencia de construcción pertinente.

“Este decreto desmantela la institucionalidad del sector vivienda. No se garantizan las normas técnicas, y lo más grave: ocurre en plena campaña electoral. Es el peor gasto fiscal y el mayor riesgo técnico, urbanístico y social para un país que tiene casi 5 millones de hogares en déficit habitacional”, concluyó Forero.