Exenciones tributarias no permiten mejorar el recaudo nacional; esto dicen los analistas

Cerca de la mitad del recaudo tributario en el país se pierde a través de deducciones fiscales, es decir, los recursos que el Estado deja de percibir por beneficios como exenciones y tratamientos preferenciales a ciertos sectores.

Así lo dio a conocer el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, mediante un análisis que evidenció que, por cada $ 100 que el Estado recauda, deja de recibir casi $ 50 por decisiones de política fiscal.

“Este desbalance limita seriamente la capacidad del Estado para financiar servicios públicos, invertir en infraestructura o reducir el déficit fiscal”, explican desde el Observatorio.

La magnitud de estos beneficios, según el organismo, desde 2019 refleja una falla estructural en el diseño del sistema tributario, con los tratos preferenciales sin una evaluación clara de su efectividad.

Por ejemplo, entre 2021 y 2022 el valor total de dichos beneficios tributarios pasó de $88,3 billones a $ 114,3 billones.

Este crecimiento, cercano al 30 %, equivale a 1,2 veces lo recaudado con la última reforma tributaria de 2022. Más del 70 % de estos beneficios se concentran en el IVA, seguido por el impuesto de renta a personas jurídicas y naturales.

Según datos de la Dian, el 10 % de las empresas con mayor volumen de ingresos capta más del 90 % del total de los descuentos tributarios, mientras que las de menor escala acceden a una proporción mucho menor.

Lo anterior significa que gran parte de los beneficios no llega adonde deberían llegar. “Si bien no todos la exenciones generan efectos regresivos, algunos están diseñados para apoyar sectores vulnerables o regiones con menor desarrollo; la ausencia de criterios claros de focalización y evaluación periódica dificulta garantizar que el sistema sea equitativo”, señalan los investigadores del Observatorio Fiscal de la Javeriana.

Otro claro ejemplo de lo que se plantea es lo evidenciado entre 2019 y 2023, tiempo en el que estos beneficios, medidos como proporción del recaudo tributario, representaron en promedio 50 % del mismo.

Así es como se logra comprobar que, pese a que el recaudo aumentó en los últimos años, una importante proporción se sigue perdiendo por los tratos preferenciales.

“Teniendo en cuenta que los beneficios tributarios representan cerca del 8,7 % del PIB, mientras que la última reforma tributaria tenía como meta recaudar apenas el 1,4 % del PIB, resulta evidente que no se puede avanzar en la sostenibilidad fiscal sin revisar a fondo estos tratamientos preferenciales”.

Las exenciones

La propuesta del Observatorio es que ante esto, la próxima reforma tributaria debería eliminar gran parte de esos beneficios. Al respecto, analistas consideran que se requiere poner sobre la mesa cambios en exenciones a bienes de consumo mediante el IVA, por ejemplo, que podrían representar cambios regresivos para el colombiano promedio.

Juan Diego Lobo, profesor asociado de Economía de la Universidad EAN, señaló que recurrir a modificaciones en la aplicación del impuesto al consumo podrían elevar el recaudo, pero con costos claros.

“Actualmente el principal motor del crecimiento económico nacional es el consumo de bienes y servicios y elevar este tributo implicaría subidas en precios acompañadas de caídas en ventas. La mayor presión en los precios le restaría margen al Banco de la República para continuar con el descenso progresivo de las tasas de interés”, señaló.

Agregó que este cambio se sumaría a los recientemente introducidos por la reforma laboral, que limitan la sostenibilidad y el crecimiento de la mayoría de las compañías formales.

“Aquellas empresas que se mantengan en el mercado local se van a ver presionadas a ajustarse, repercutiendo en los precios que experimentan los consumidores finales. También aumenta la probabilidad de que el incremento de los costos de las pequeñas y medianas empresas motive a pasar a hacer parte del sector informal del país”, sostuvo el docente.

Para Alejandro Useche, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, cuando el Gobierno habla de una nueva reforma tributaria debería hacerlo en términos de una “lucha mucho más frontal contra la evasión y la elusión, que son dos maneras por donde se pierde mucho el recaudo, al igual que mediante los altos niveles de informalidad”.

“Más del 50 % del comercio en Colombia se hace de manera informal y, por lo tanto, buena parte de los recursos que, a través de impuestos deberían pagar formalmente las empresas, no se está recibiendo”, dijo.

Jaime Ahcar, docente del Programa de Economía de la Universidad Javeriana de Cali, consideró que las estrategias deberían centrarse en la formalización de empresas como las de la minería ilegal, que tienen enormes beneficios y, por consiguiente, margen de contribución.

Al igual que microempresas que llevan tiempo generando buenos ingresos, por lo que cree que se debe crear un régimen de transición para las compañías que elijan dar el paso a la formalización.

“Si bien sería poco realista pensar que estas empresas entrarían a pagar un IVA de 19 % y un impuesto a la renta de 35 %, sí podrían entrar a un esquema de transición que les permita pagar un IVA de 5 % y un impuesto a la renta de 10 % durante los dos primeros años de formalización, para luego aumentarlo al 15 % y 20 %, respectivamente. Estos niveles quedarían de forma permanente mientras se logra llevar las tasas del IVA al 15 % y de impuesto a la renta de las empresas al 20 % para toda la economía del país”, propuso.