Anif plantea alternativa para no implementar retención a transacciones digitales

Como un traspié para la reciente implementación de Bre-B, el sistema de pagos inmediatos de bajo valor desarrollado por el Banco de la República, calificó Anif la propuesta del Gobierno de imponer una retención de 1,5 % a los pagos digitales.

El centro de pensamiento, en un comunicado, afirmó que esta infraestructura pública, orientada a promover la interoperabilidad entre bancos, billeteras digitales y otros actores, busca acelerar la transición hacia una economía más digital e integrada.

Pero, consideran los economistas de Anif, que lejos de equilibrar las condiciones entre los pagos electrónicos y el uso de tarjetas, el decreto introduce obstáculos que pueden ralentizar la adopción de plataformas como Bre-B y perpetuar la preferencia por el efectivo.

“Este tipo de ajustes regulatorios resultan especialmente costoso para el éxito de la infraestructura de pagos, pues debilita la confianza de los usuarios y envía una señal contraria a los esfuerzos de formalización y digitalización del sistema financiero”, añadieron.

La medida que impulsa el Gobierno busca unificar la tarifa de retención en la fuente del impuesto de renta del 1,5% aplicada a los pagos realizados por la venta de bienes o la prestación de servicios, que ya existen con tarjetas de crédito y débito, junto con los pagos electrónicos de bajo valor.

Esto incluiría medios exentos como los códigos QR, tarjetas digitales y transferencias entre depósitos de bajo monto, incluidos billeteras digitales como Nequi o Daviplata para los responsables del impuesto al valor agregado (IVA).

Según Anif, estos mecanismos representan la principal puerta de acceso al sistema financiero para segmentos de la población con barreras, ya que facilitan transferencias, pagos y giros de manera segura, eficiente y en muchos casos sin costo.

Propuesta de Anif

De acuerdo con el centro de pensamiento, la discusión sobre cómo nivelar el terreno de juego debería centrarse no en aumentar las tarifas de retención, como plantea el Gobierno, sino en eliminar las existentes.

De acuerdo con las estimaciones de la entidad, derivadas de un estudio en conjunto con Colombia Fintech, la exención de la retención en la fuente del impuesto sobre la renta para pagos efectuados mediante tarjetas de crédito y débito para personas naturales, tendría un impacto fiscal inicial limitado.

Se calcula una reducción transitoria en el recaudo nacional de $5.621 millones, explicado por los pequeños negocios que no declaran renta. No obstante, a partir de 2028, el efecto neto se tornaría positivo, derivado de un mayor dinamismo en ventas y, por consiguiente, mayor formalización económica a medida que más unidades productivas se integran de manera permanente al sistema tributario.

“El Gobierno prefiere sacrificar avances en términos de inclusión financiera en un intento por enfrentar las necesidades fiscales inmediatas. Sin duda, una decisión desacertada. Ante este escenario, promover la digitalización de los pagos y ampliar la cobertura financiera se mantiene como un objetivo estratégico para aumentar la productividad y avanzar hacia una economía más formal, eficiente y trazable. Con el decreto que está en desarrollo, el Gobierno pone los incentivos en el lugar equivocado”, insistieron desde Anif.