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Video: Fiscalía ocupó millonarios bienes de petrolera francesa acusada de financiar a paramilitares

Las oficinas que el ente judicial embargó están avaluadas en más de 41 mil millones de pesos.

Las dos oficinas que pertenecen a la petrolera fueron ocupadas por la Fiscalía General de la Nación.
Las dos oficinas que pertenecen a la petrolera fueron ocupadas por la Fiscalía General de la Nación. | Foto: Fiscalía General de la Nación

8 de jul de 2025, 10:25 p. m.

Actualizado el 8 de jul de 2025, 10:26 p. m.

La Fiscalía General de la Nación confirmó este martes 8 de julio que ocupó dos oficinas de una multinacional petrolera francesa señalada de financiar a organizaciones paramilitares en Colombia.

A través de la Dirección de Justicia Transicional, un magistrado con funciones de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá ordenó medidas cautelares de “embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo” sobre dos oficinas ubicadas en el norte de Bogotá.

Según el ente acusador, se trata de la primera medida cautelar que la justicia emite en contra de los bienes de una empresa de origen internacional, acusada de financiar grupos paramilitares en el país.

Tras la decisión del ente acusador, los bienes quedaron en manos del Fondo para la Reparación de las Víctimas “con el fin de que sean utilizados para la indemnización de la población afectada por la violencia paramilitar en el departamento del Casanare”.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, las dos oficinas se ubican en un edificio del centro financiero en Bogotá. Y tienen un valor comercial estimado en más de 41.318 millones de pesos, que equivalen a cerca de 10 millones de dólares.

Búnker  de la Fiscalía General de la Nación
El ente judicial informó que es la primera vez que se logra un golpe contra los bienes de una empresa extranjera involucrada con paramilitares. | Foto: Guillermo Torres / Semana

“La Fiscalía obtuvo información relevante de la estructura y control corporativo de la empresa extranjera, a través de la Red de Recuperación de Activos del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, de la cual Colombia hace parte”, detalló el ente acusador por medio de un comunicado que se conoció este 8 de julio.

De la misma manera, el ente judicial detalló que se aplicaron “técnicas de análisis criminal y recolección de elementos probatorios que acreditaron la autorización de las máximas instancias de la empresa en la financiación ilegal”.

La Fiscalía General de la Nación también recaudó información sobre los contratos de concesión, explotación y producción de hidrocarburos de esta empresa, material probatorio que permitió a las autoridades judiciales solicitar las medidas que otorgó el Tribunal Superior de Bogotá.

¿Qué vínculos tendría la empresa con paramilitares?

Las autoridades confirmaron que Daniel Rendón Herrera, Manuel de Jesús Pirabán y Orosman Orlando Osten Blanco, del bloque Centauros de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia rindieron versiones libres en las que mencionaron al grupo empresarial.

En sus relatos, los sujetos confirmaron que este grupo empresarial habría financiado su actuar ilegal en Casanare con la entrega de dinero, combustible, alimentación y transporte.

La comunidad de El Carmelo fueron fue la encargada de reportar este hecho, luego que escucharan las fuertes detonaciones y después comprobaran la destrucción de dos viviendas.
La empresa petrolera habría financiado a paramilitares en el Casanare. (Imagen de archivo). | Foto: Suministrada

A cambio, los paramilitares le habrían ofrecido a la empresa un servicio de seguridad en los pozos de extracción de crudo. Al parecer, el posible vínculo ilegal con paramilitares, “le permitió a la empresa incrementar su patrimonio entre 1997 y 2005″.

Todo el proceso investigativo de los fiscales del Grupo de Persecución de Bienes de la Dirección de Justicia Transicional y el Cuerpo Técnico de Investigación contaron con el apoyo de la Dijin, el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Ecopetrol, así como de otras autoridades judiciales.

Comunicadora social y periodista de la Universidad Autónoma de Occidente, con experiencia en medios digitales y en radio. En El País se desempeña como periodista multifuente desde el año 2022.

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