Tribunal de Antioquia ordena al Gobierno Nacional y a EPS intervenidas saldar deudas con clínicas y hospitales

En medio de la crisis que atraviesa el sistema de salud en Colombia por las intervenciones a varias Entidades Promotoras de Salud (EPS), el Tribunal Administrativo de Antioquia ha tomado una decisión judicial que dictamina una medida cautelar.

En ese sentido, la corporación judicial ordena al Gobierno Nacional, en este caso a los Ministerios de Salud y Hacienda, que en un tiempo de 30 días lleven a cabo todas las gestiones correspondientes, con el fin de que se paguen todas las deudas con hospitales y clínicas del departamento.

“Para que a través de la Adres y de las Supersalud, y a las EPS intervenidas, en un término de 30 días, adelanten todas las gestiones que correspondan para el saneamiento de la cartera que se encuentre debidamente acreditada a favor de las IPS”, asegura el fallo.

Por lo tanto, esta decisión tiene el objetivo de que se den garantías al flujo de los recursos que permitan realizar el pago oportuno y completo de las obligaciones, con el fin de que los habitantes de Medellín tengan un “acceso oportuno y eficiente” a los servicios de salud.

Este fallo se dio como respuesta a una acción popular interpuesta días atrás por la Alcaldía de Medellín, con firma del alcalde Federico Gutiérrez.

Según la Administración Municipal, este recurso se interpuso para proteger los derechos e intereses colectivos de los habitantes de la capital antioqueña, en lo que tiene que ver con “el acceso oportuno y eficiente a los servicios de salud, con la infraestructura que garantice la salubridad pública, la defensa del patrimonio público y la moralidad administrativa”.

La acción popular resaltaba que lo anterior se hacía para evitar afectaciones en las condiciones de vida digna, salud e integridad de todos los ciudadanos medellinenses.

En su documento, el Gobierno Municipal de Medellín adjuntó como evidencia los estados financieros de las IPS públicas que operan en esa ciudad, con el propósito de demostrar como dichas cifras de manera preocupante alteran el flujo de caja de aquellas entidades.

“La crítica situación de cartera ha generado un impacto directo, real y constatable, pues contratistas que prestan servicios a estas instituciones han notificado la suspensión de la ejecución de los contratos por falta de pago”, se lee en la acción popular.

Asimismo, en el documento se encuentran pruebas adjuntadas sobre como la crisis de esta situación financiera ha generado la interrupción de servicios de salud. Una de esas fue la carta de Fedsalud a la ESE Hospital General de Medellín.

“Está probado que la falta de pago está generando un daño que evidencia deficiencia en la prestación de los servicios de salud, originado en la precaria situación económica de las IPS del Distrito, el cual se debe hacer cesar y prevenir que siga su progresión”, concluyó el magistrado ponente del Tribunal Administrativo de Antioquia.