¿Censura a las encuestas?: Esto dicen las empresas del sector por nueva ley que las limitaría

Son varias las críticas que las firmas encuestadoras del país le hacen a la nueva ley que regula a estas empresas, la cual fue aprobada por el Congreso y está lista para la sanción del Presidente.

Cesar Caballero, gerente de Cifras y Conceptos, recordó que ha sido un defensor de que el país tenga una mejor regulación sobre encuestas, sin embargo, considera que el resultado que deja la nueva ley no es bueno y, por el contrario, teme que “afectará el debate democrático y el acceso a la información por parte de los ciudadanos”.

Argumentó que el proyecto restringe el tiempo en el cual se pueden publicar encuestas, algo que no existía en Colombia.

“Una vez se sancione la ley, no se podrán publicar encuestas de intención de voto sino hasta noviembre de este año. Lo segundo, es que hace que las encuestas se conviertan en algo muy costoso porque aumenta las exigencias”, dijo Caballero.

Con ello, lo que sucederá, según el gerente de Cifras y Conceptos es que las personas que tienen recursos seguirán contratando con encuestas privadas, no las van a publicar, y “tendrán una enorme ventaja sobre los otros contendores políticos, que antes dependían de las encuestas que publicaban los medios y que ahora van a ser menos”.

Hay una cosa positiva y es que aumentan los requisitos para ser una firma encuestadora, exige trazabilidad e implementa un sistema de verificación del sistema de calidad, lo que ya cumplimos las empresas grandes.

César Caballero/Cifras y Conceptos

Para Caballero, esto implica que habrá menos firmas encuestadoras, menos encuestas y el costo de cada una de estas será más alto, lo que considera va en detrimento del debate democrático.

“Las encuestas no predicen el futuro pero si dan elementos de juicio para disminuir la incertidumbre. En este momento hay 76 precandidatos, cómo hace un medio para invitar a un debate político, pues generalmente usa las encuestas y si ya no hay, el medio tendrá que tener otro criterio para poder definir a quién invita o no a un debate”.

Varias amenazas

El Centro Nacional de Consultoría también hizo varios cuestionamientos a la ley porque consideran que hay censura y amenazas a la democracia. En un comunicado, plantearon que la censura se da por la limitación en los tiempos de realización de encuestas de intención de voto (hasta tres meses antes del inicio del registro de candidaturas), lo que consideran impide a precandidatos medir su crecimiento, evaluar receptividad de sus propuestas o tomar decisiones con base en evidencia.

“Esta disposición vulnera el derecho a la información de la ciudadanía y el derecho a participar en la conformación del poder político (Art. 40 de la Constitución), que incluye el derecho a estar suficientemente informado para elegir. La prohibición no solo recorta la ventana de participación, sino que limita el debate público informado, sustituyendo la evidencia por propaganda”, argumentó la organización.

Otra ambigüedad, que plantea el Centro Nacional de Consultoría es que la ley afirma regular la realización y divulgación de encuestas, “pero no puede referirse a las encuestas que no tienen fines de publicación”.

“Las encuestas internas, que no se divulgan, forman parte de las estrategias legítimas de campaña, ya que permiten a los equipos políticos tomar decisiones sobre el enfoque, las preguntas, los mensajes y la asignación de recursos. Pretender que estas también sean objeto de regulación o deban ser entregadas al Consejo Nacional Electoral (CNE) vulnera la autonomía de las campañas y desconoce el carácter reservado de la información”, añadieron.

Agregaron que el espíritu del proyecto de ley desconoce el aporte que las encuestas hacen a la democracia y restringe la posibilidad de medir y divulgar la opinión pública, especialmente sobre alcaldes, gobernadores y otros actores locales. “Este proyecto silencia la voz ciudadana donde más se necesita la vigilancia democrática”.

Desde las firmas Guarumo y Ecoanalítica añadieron que como se afectan derechos fundamentales como la libertad de expresión, el acceso a la información y la participación política, consagrados en los artículos 20 y 40 de la Constitución, esta ley tenía que ser tramitada como estatutaria, lo que no se hizo.

“La omisión de este procedimiento vicia de inconstitucionalidad tanto la forma como el contenido de la norma”.

También rechazaron que desde el punto de vista técnico, la ley impone requisitos de difícil acceso para la mayoría de las firmas independientes, como márgenes de error reducidos, amplia cobertura territorial y certificaciones técnicas internacionales. “Estas exigencias no elevan la calidad metodológica, sino que restringen la competencia, eliminan voces alternativas y refuerzan un oligopolio informativo”, aseguraron estas firmas en un comunicado.

Algunos congresistas argumentaron que la ley era necesaria por tantos cuestionamientos a estas firmas.

El representante Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, señaló que se requiere que estas empresas sean más exactas en sus mediciones, que tengan una amplia experiencia y que las sanciones también recaigan en quienes las contratan.