Secuestran nuevamente a dos soldados liberados en el Meta: tensión en zona limítrofe con Caquetá

La incertidumbre regresó a la región del Meta tras confirmarse que dos soldados del Ejército Nacional, liberados recientemente por un grupo armado en zona rural de San Juan de Lozada, fueron secuestrados nuevamente pocas horas después de su entrega. El hecho, que involucra a Ángel González Garcés y Édgar Mina Carabalí, ha generado preocupación entre autoridades, comunidades locales y organismos internacionales.

Según información oficial, los uniformados habían sido entregados inicialmente a un sacerdote en un punto de encuentro establecido con el acompañamiento de una comisión de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (Mapp/OEA). Sin embargo, cuando eran trasladados hacia una zona segura, un grupo armado interceptó la caravana y retuvo nuevamente a los dos militares.

Las primeras versiones indican que los soldados fueron movilizados 22 kilómetros hacia un área distinta de la inicialmente acordada. La comunidad de San Juan de Lozada solicitó la presencia de la mesa de diálogo conformada por autoridades locales, representantes de derechos humanos y voceros internacionales, con el fin de mediar en una nueva entrega humanitaria.

Los militares habían sido capturados el 3 de noviembre de 2025 durante una operación del Batallón de Acción Directa y Reconocimiento N.º 12, en la vereda Getsemaní, jurisdicción del municipio de La Macarena (Meta).

De acuerdo con el Ejército, el hecho ocurrió después de la extracción aérea de una mujer capturada y del personal del CTI de la Fiscalía, en medio de una aglomeración de aproximadamente 400 personas, presuntamente coaccionadas por integrantes de las disidencias de las Farc del Bloque Jorge Suárez Briceño.

Durante ese incidente, los presuntos subversivos retuvieron a un teniente y tres soldados profesionales. Horas después, el oficial y uno de los uniformados fueron liberados, mientras que los otros dos González y Mina permanecieron en cautiverio. Según el informe militar, los hombres fueron obligados a despojarse de sus prendas oficiales y vestir de civil antes de ser trasladados a un lugar desconocido.

La liberación inicial, ocurrida bajo la mediación de la Iglesia y la Mapp/OEA, fue recibida con alivio por las familias de los soldados, pero la nueva retención ha reactivado la alerta humanitaria en la región.

Organismos internacionales y autoridades locales han exigido la liberación inmediata de los uniformados, recordando que su captura constituye una violación al Derecho Internacional Humanitario. Por su parte, el Ejército Nacional reforzó su presencia en la zona para garantizar la seguridad de la comunidad y apoyar las labores de búsqueda.