Se encienden las alertas en el sector enérgico del país tras el decreto que regula las tarifas del servicio

Los integrantes de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica, Acolgen, así como sus empresas afiliadas, expusieron públicamente su preocupación frente a la puesta en marcha del Decreto 1072 de 2025 del Ministerio de Minas y Energía, al considerar que las medidas contenidas en dicha norma representan una intervención desproporcionada en el mercado eléctrico colombiano y amenazan su sostenibilidad a través del tiempo.

Según los integrantes de este gremio, las medidas que contiene el decreto atentan directamente contra la libre competencia, la eficiencia del sistema y la seguridad jurídica de las empresas, afectando tanto la estabilidad financiera de las organizaciones generadoras de servicio como la confiabilidad del suministro de energía para los colombianos.

“La medida más perjudicial del Decreto es la obligación impuesta a los generadores hidráulicos de vender ”al menos el 95 por ciento de la generación horaria mediante contratos. Esta disposición es, en la práctica, un atentado a la libertad de empresa y contratación de las empresas, que se opone en forma directa a la Ley 143 de 1994, según la cual las transacciones en el mercado de energía mayorista son libres y que adicionalmente, elimina la capacidad de los generadores de optimizar su recurso y cubrirse eficientemente ante fluctuaciones hidrológicas”, expresaron los integrantes de Acolgen.

Otro de los puntos del Decreto 1072 fuertemente criticados por esta asociación, es la imposición de obligaciones exclusivamente sobre las plantas hidráulicas, mientras que las demás tecnologías —solar, eólica y térmica— quedan excluidas de la norma.

Por e, la Asociación denunció que esta diferenciación regulatoria crea una distorsión en la competencia, al otorgar ventajas injustificadas a ciertas fuentes de generación de energía, las cuales pueden sacar ventaja de manera desleal a otras empresas

Por eso los integrantes del gremio, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ya había alertado sobre este riesgo durante el proceso de consulta del decreto, pero sus observaciones no fueron incorporadas en la versión final de esa disposición.

A raíz de esto es que la asociación gremial llama de nuevo la atención de que el nuevo marco regulatorio genera un ambiente de alta incertidumbre para la inversión de las empresas que están en este sector, pues obliga a los generadores a comprometer gran parte de su producción en contratos a corto plazo, reduciendo su flexibilidad y capacidad de gestión del riesgo.

Todo porque la norma crear un entorno de alta incertidumbre regulatoria y financiera que desincentiva la inversión en el sector, afectando la rentabilidad de los agentes al obligar a los generadores a comprometer su energía en contratos, estableciendo barreras para nuevos proyectos.

“Una intervención tan drástica y con un plazo de implementación de apenas tres meses envía una señal negativa a los inversionistas. Colombia puede comenzar a ser vista como un mercado de alto riesgo regulatorio, lo que frenaría el desarrollo de nuevos proyectos fundamentales para garantizar el abastecimiento energético”, expresa la asociación conocida como Acolgen.

Este gremio también criticó que el decreto desconoce la naturaleza variable de la hidrología, al exigir niveles de contratación que serían operativamente inviables, de ahí de que es un obstáculo a la libre competencia.

“El comportamiento de las lluvias es impredecible. Forzar una contratación del 95 % hora a hora es técnicamente imposible y puede derivar en incumplimientos y sanciones desproporcionadas. La bolsa de energía, que fue diseñada precisamente para gestionar esa variabilidad, queda neutralizada”, advirtió el gremio.

Y es que el decreto ordena a la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg, diseñar en el menor tiempo posible “mecanismos de contratación flexibles”, lo que, según Acolgen, añade una nueva capa de complejidad y burocracia, afectando directamente el mercado de la energía en el país.

“El Gobierno diagnostica una falla de mercado y responde con sobrerregulación, en lugar de usar incentivos para los sectores que están en este sector. Esta rigidez podría generar mayores distorsiones, cuando lo que el sistema requiere es flexibilidad técnica y estabilidad regulatoria para ser más competitivo a hora de mejorar la prestación del servicio.”, agregar las empresas que integran la asociación.

Por eso en su pronunciamiento, Acolgen concluyó que el Decreto 1072, aunque busca proteger a los sectores más vulnerables del país, termina imponiendo una “camisa de fuerza” a los generadores hidráulicos de la nación, debilitando los principios de un mercado competitivo y eficiente, que es clave para el desarrollo de una sociedad.

“El efecto a mediano y largo plazo será contraproducente: menor inversión por parte de las entidades privadas, mayor riesgo de desabastecimiento y pérdida de confianza de los inversionistas en el sistema eléctrico colombiano”, alertaron los integrantes del gremio.

A raíz de esto, los miembros Acolgen hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional, en cabeza de Gustavo Petro, para suspender la aplicación de la norma y abrir un diálogo técnico y constructivo con los agentes del mercado, a fin de diseñar alternativas más justas y reales que protejan a los usuarios sin afectar la estructura del mercado que ha garantizado la confiabilidad energética del país por más de tres décadas.