Procuraduría hizo un “llamado de alerta” al Gobierno ante riesgo de un apagón; le pidió nombrar cargos claves

Este martes, 10 de octubre, la Procuraduría General de la Nación le envió una carta al presidente Gustavo Petro y al ministro de Minas y Energía, Ómar Andrés Camacho, donde hizo un “llamado de alerta” sobre la interinidad que se presenta en la Comisión de Regulación de Energía y Gas.

Según este documento conocido por Blu Radio, la Procuraduría le pidió al Gobierno realizar nombramientos en propiedad en el viceministerio de Energía, para hacer frente al problema de liquidez de las comercializadoras de energía, que puede “derivar en un riesgo sistémico para el sector eléctrico, que podría afectar el suministro de energía en el país”, dice el Ministerio Público.

De acuerdo con la Procuraduría, ellos, desde una misionalidad preventiva, han adelantado dos mesas de trabajo, la primera a finales de agosto, para establecer una hoja de ruta con acciones inmediatas para contrarrestar la situación, y la segunda, el pasado 6 de octubre, para verificar el avance de esas acciones.

“Se pudo constatar que la situación antes de mejorar sigue agravándose por la falta de claridad y celeridad en la toma de decisiones que puedan evitar el riesgo sistémico y anticiparse a los efectos del Fenómeno del Niño y, con ello, una posible vulneración de los Derechos Fundamentales y Económicos, Sociales y Culturales de la población colombiana, relacionados con la garantía el acceso a la energía eléctrica a las viviendas”, dice la carta.

El Ministerio Público añade que la falta de claridad y celeridad en la toma de decisiones tiene origen en una situación “sin precedentes” para el Sector Administrativo de Minas y Energía, el cual consiste en la interinidad prolongada en los cargos de las instituciones competentes para tomarlas.

Por esto, dice que “no se ha realizado el nombramiento en propiedad de los comisionados de la Comisión de Regulación de Energía y Gas -CREG-, autoridad encargada, entre otras funciones, de crear las condiciones para asegurar la disponibilidad de una oferta energética eficiente capaz de abastecer la demanda bajo criterios sociales, económicos, ambientales y de viabilidad financiera, promover y preservar la competencia”.

Por otro lado, la carta dice que la Procuraduría también evidencia con “gran preocupación” que el Viceministerio de Energía tampoco tiene a un titular en propiedad.

“El empleo está provisto a través de encargo, lo que ha generado pocos avances en el cumplimiento de las funciones asignadas a este Despacho en el Decreto 381 de 2012, entre las que se encuentra, revisar la evolución del sector energético, proponer políticas y acciones para su crecimiento, asesorar al Ministro de Minas y Energía en el análisis y evaluación de la regulación energética, funciones que ante las alertas que se han presentado frente a la prestación del servicio de energía en el país son indispensables para brindar las soluciones que la coyuntura demanda”, añade la carta.

El Ministerio Público asegura que la decisión de nombrar funcionarios en propiedad “no es un tema menor”, ya que contra con una figura “contribuye a un desarrollo económico sostenible para el país, ya que al tener reglas claras se brinda seguridad jurídica a la sociedad, lo que facilita la celebración de acuerdos entre los diferentes actores, que en el caso concreto no solo permitiría la garantía del acceso al servicio público de energía de todos los colombianos sino también la consolidación de la Hoja de Ruta de la Transición Energética Justa”.

Por lo anterior, la Procuraduría General de la Nación realizó “un llamado de alerta acerca de la interinidad que se presenta en la Comisión de Regulación de Energía y Gas y en el propio Ministerio de Minas y Energía”, pues aseguran que estos nombramientos asegurarían la autonomía y el rigor técnico en la toma de decisiones en el Sector Energético.

Por último, dicen que este llamado “cobra más importancia a menos de 20 días de las elecciones en las que debe garantizarse el suministro eléctrico para que el ejercicio del derecho al voto pueda ejercerse en total normalidad”.