Pese a investigaciones y capturas, red criminal que saqueó a la UNGRD seguiría en contacto con la entidad

Durante una audiencia reservada ante el Tribunal Superior de Bogotá, la fiscal encargada de la investigación del entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), María Cristina Patiño, advirtió sobre la existencia de posibles vínculos entre los responsables del caso y esta entidad.

Patiño habría asegurado que integrantes de la red criminal que saqueó los recursos públicos de la Unidad para beneficio de unos pocos contratistas, podrían seguir en contacto, pese a las investigaciones en curso y las capturas realizadas.

Por este motivo, solicitó una autorización para realizar nuevas tareas de Policía Judicial al interior de este proceso, en el que, al parecer, estaría involucrado Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE).

Blu Radio pudo conocer la declaración de la investigadora, en el marco de la diligencia de legalización de pruebas, en la que afirmaba que “Tanto la experiencia como la lógica nos llevan a concluir que la materialización de las conductas con características de delito tuvo que comenzar de tiempo atrás y también que es altamente probable que aún los integrantes de este entramado criminal se estén comunicando”.

La Fiscalía contaría con las pruebas que señalarían al exdirector del Dapre, como uno de los posibles responsables en el delito de tráfico de influencias de servidor público.

Según la investigación, como parte de una estrategia para promover las reformas del Gobierno del presidente Gustavo Petro, en octubre de 2023, González habría dispuesto millonarios sobornos, los cuales tenían como propósito ser pagados a los entonces presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle, respectivamente.

En esta misma audiencia, Patiño pidió a la justicia que se le diera autorización para recibir información de Migración Colombia acerca del pasaporte del exfuncionario, así como detalles que permitan conocer cuándo se dará su posible viaje de regreso al país y mediante qué aerolínea.

También exigió aclaraciones por parte de la Presidencia de la República sobre si existen cámaras de vigilancia en los lugares donde, según detalló Olmedo López, exdirector de la UNGRD, se habrían llevado a cabo ‘los cónclaves’ mencionados en su declaración.

El ente acusador solicitó además que se le autorice analizar la declaración de renta, el pago de impuestos ante la DIAN y los títulos de valores registrados en Deceval a nombre de González, esto con el fin de establecer si existen indicios que permitan esclarecer su posible participación en este escándalo.

De acuerdo con un documento revelado por Blu Radio, el caso de Carlos Ramón González fue separado procesalmente y es la Fiscal 9 delegada ante la Corte Suprema de Justicia, la responsable del mismo.

El ente investigador intenta determinar si, al igual que la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortíz, el exdirector también habría incurrido en el delito de tráfico de influencias de activos.