ONU se refirió al primer fallo de la JEP contra exintegrantes de las Farc y advirtió sobre las sanciones

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dio este martes, 16 de septiembre, un paso histórico al emitir su primera sentencia contra siete exintegrantes del último Secretariado de las extintas Farc, responsables de la política de secuestros que marcó a miles de colombianos durante el conflicto armado.

Rodrigo Londoño (‘Timochenko’), Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Milton de Jesús Toncel (‘Joaquín Gómez’), Jaime Alberto Parra (‘El Médico’), Julián Gallo (‘Carlos Antonio Lozada’) y Rodrigo Granda (‘Ricardo Téllez’) fueron condenados en el marco del Caso 01, que investigó la toma de rehenes, privaciones graves de la libertad y otros crímenes cometidos en el país.

Ante este hecho, el Sistema de Naciones Unidas en Colombia y la Misión de Verificación de la ONU emitieron un pronunciamiento oficial en el que celebraron la decisión de la JEP, resaltando que estas sentencias, “constituyen un paso hacia adelante en la implementación del Acuerdo Final de Paz de 2016 y en el camino hacia la consolidación de la paz”.

En su comunicado, la ONU subrayó que las sanciones restaurativas impuestas representan un avance en la búsqueda de justicia para las víctimas y en la reconciliación nacional.

En palabras del organismo, “las sentencias restaurativas son fundamentales para materializar la aspiración de justicia por parte de las víctimas y la sociedad en el marco de un proceso que lleve al país hacia la reconciliación. El modelo innovador de justicia transicional que encarna la JEP busca garantizar la rendición de cuentas por los crímenes más graves cometidos durante el conflicto, contribuye a la lucha contra la impunidad y fortalece las garantías de no repetición”.

Asimismo, destacó la importancia del reconocimiento de verdad y responsabilidad hecha por los excomandantes, lo cual calificó como un hito en los procesos de paz de Colombia.

En ese sentido, Naciones Unidas insistió en que la clave está en la implementación efectiva de las sanciones, “Es crucial que las sanciones se implementen a cabalidad y que las personas sancionadas continúen manteniendo su compromiso con la justicia y la paz, como esperan las víctimas, la sociedad colombiana y la comunidad internacional”.

Para lograr ese cumplimiento, la organización hizo un llamado al Gobierno colombiano para que garantice las condiciones necesarias, incluyendo los recursos financieros y las medidas de seguridad,“Confiamos en que la materialización efectiva de estas sanciones sin precedentes contribuirá no solo a su sanción, sino también a la reconciliación y a la construcción de la paz”.

Finalmente, la ONU reiteró su respaldo a la labor de la Jurisdicción Especial para la Paz, resaltando su papel crucial en la implementación del Acuerdo Final de 2016.

De acuerdo con el organismo, este mecanismo de justicia transicional es un instrumento esencial para consolidar la paz y sentar las bases de la reconciliación en Colombia.