Nuevos imputados por caso del exsenador Mario Castaño; Fiscalía entregó detalles de su presunta participación en la red de corrupción

El caso del exsenador caldense Mario Alberto Castaño Pérez, quien fue sentenciado a 191 meses de prisión, lo que corresponde a 15 años, debido a que se comprobó su responsabilidad en uno de los escándalos de corrupción más grandes de Colombia, sigue teniendo avances en el proceso de investigación.

La condena de Castaño Pérez incluyó delitos como concierto para delinquir agravado, interés indebido en celebración de contratos, peculado por apropiación, estafa agravada y concusión, teniendo en cuenta que se determinó que exigía coimas a cambio de entregar contratos millonarios y convenios por prestación de servicios en distintas entidades del Estado, incluyendo ministerios.

De este caso, una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción presentó ante un juez de control de garantías a dos contratistas, a quienes les imputó los delitos de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos.

Según lo revelado por la Fiscalía, estas dos personas “son señaladas de tener vínculos con el entramado criminal que conformó el exsenador Mario Alberto Castaño Pérez para direccionar la contratación en varias entidades del orden nacional y territorial”, indican.

Recordemos que, según lo que reconoció el político oriundo del municipio de Pácora, al oriente de Caldas, participó en una estructura criminal que actuaba en complicidad con algunos alcaldes, funcionarios públicos y particulares. A través de estos mecanismos, Castaño se apropió de millones en recursos de la administración pública, los cuales provienen del patrimonio del Estado.

Los dos nuevos vinculados e imputados por la Fiscalía no aceptaron los cargos; los elementos de prueba revelados por la Fiscalía dan cuenta de que habrían contactado a un integrante de la red de corrupción para conocer anticipadamente los pliegos de condiciones, y demás requerimientos de carácter presupuestal y legal contenidos en seis procesos contractuales, entre abril de 2021 y marzo de 2022.

Eduardo Calderón, director especializado contra la Corrupción de la Fiscalía, confirmó que ante un juez de control de garantías “fueron presentados los contratistas Camilo Andrés López Giraldo y Fausto Alonso Bedoya Grajales y les imputó los delitos de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos. Estas personas son señaladas de tener vínculos con el entramado criminal que conformó el exsenador Mario Alberto Castaño Pérez, para direccionar la contratación en varias entidades”.

Según la Fiscalía, López Giraldo, al parecer, obtuvo de manera irregular los contratos de obra y de interventoría para el mejoramiento de vías urbanas en Pueblo Rico (Risaralda); otro para la adecuación de carreteras veredales y realizar la construcción de un parque en La Merced (Caldas); uno más para construir una cancha sintética de fútbol cinco en Balboa (Risaralda); y el contrato de manteamiento del polideportivo de Aguadas (Caldas).

Aseguran desde la Fiscalía que, según las investigaciones, los contratos ascendieron a $ 3.074 millones.

“Los elementos de prueba dan cuenta de que habrían contactado a un integrante de la red de corrupción para conocer anticipadamente los pliegos de condiciones y demás requerimientos de carácter presupuestal ilegal en varios procesos contractuales entre abril de 2021 y marzo de 2022″, dijo el director especializado Calderón.

“Bedoya Grajales participó haciendo parte de los consorcios ganadores. Los contratistas, presuntamente, le entregaron al entramado de corrupción el 10% del valor total de cada contrato de obra, y el 25 % del costo de cada contrato de consultoría en algunos de los contratos”, aseveró Eduardo Calderón, director especializado contra la Corrupción de la Fiscalía.

Durante el proceso de investigación, el renombrado político liberal decidió someterse a una sentencia anticipada luego de tener un careo con su mano derecha en la organización criminal, Nova Lorena Cañón, quien se encargaba de obtener los grandes contratos en diferentes entidades del sector público y en los ministerios y quien firmó un acuerdo con la Fiscalía.

Se estableció que Castaño se convirtió en la cabeza de una red delictiva que se dedicaba al saqueo del erario, esto se pudo dar gracias a la contratación fraudulenta en varios departamentos como Chocó, Caldas, Cauca, Risaralda, Valle del Cauca y Tolima, estructura que al descubrirse colocó al Mario Castaño en el ojo del huracán.