Ley en Colombia protege un derecho desconocido de los conductores contra agentes de tránsito

En Colombia, todos los ciudadanos que manejen un vehículo deben conocer y regirse en las leyes establecidas en el Código Nacional de Tránsito. Actualmente, hay una normativa que pone freno a ciertas facultades de los agentes de tránsito durante operativos y retenes vehiculares; estas normas de la ley 769 de 2002 busca que los conductores puedan hacer valer derechos que se desconocían.

Esta regulación señala que los agentes solo podrán solicitar documentos o imponer sanciones cuando exista una infracción claramente tipificada en la ley. Si se exige un trámite o requisito no contemplado, el conductor tiene derecho a negarse y puede dejar constancia de la irregularidad. De igual manera, cualquier procedimiento debe quedar respaldado en un informe oficial o registro digital, con número de comparendo y datos verificables del agente.

La norma también prohíbe imponer multas por defectos menores o por detalles estéticos que no afecten la seguridad vial. Esto aplica, por ejemplo, a motociclistas que eran sancionados por portar calcomanías, luces decorativas o accesorios sin impacto en la conducción. Ahora, solo podrán ser multados cuando esos elementos estén expresamente prohibidos o representen un riesgo para la movilidad.

En suma a ello, el artículo 122 del Código de Tránsito establece que es una acción irregular que agentes o policías de tránsito deseen llevarse un vehículo para realizarle una revisión por sospechas que el carro o la moto incumple ciertas normas de emisión de contaminantes o exceso de generación de ruido.

Un apartado de la norma señala que en estas situaciones la autoridad puede “entregar al presunto infractor una boleta de citación para que el vehículo sea presentado en un centro de diagnóstico para una inspección técnica en un término que no podrá exceder de quince días”.

En caso de que el conductor citado no lleve su vehículo a verificación en la fecha y hora señalada, se le aplicará una multa y el vehículo podría ser inmovilizado hasta que el propietario garantice la reparación del automotor.

Otro punto clave es que los conductores pueden exigir que el agente se identifique plenamente, mostrando su número de placa y documento oficial. Si el uniformado no cumple con este requisito, el procedimiento podría ser declarado inválido. De esta manera, la ley busca que las intervenciones sean más transparentes y respetuosas.

Las autoridades de tránsito locales deberán capacitar a sus agentes sobre los alcances de la norma, con el propósito de evitar interpretaciones erróneas y garantizar que las sanciones se apliquen dentro del marco legal. La ciudadanía, por su parte, debe conocer los derechos que le asisten para poder ejercerlos de manera responsable y fundamentada.

Los conductores ahora tienen una herramienta legal para exigir que las intervenciones se hagan con transparencia, formalidad y respaldo normativo, evitando abusos de autoridad.