La corrupción sigue siendo un problema grave en Colombia, según la última medición de Transparencia Internacional

Por Eduardo Evelio Bonces, Director de la operación digital

En el 2023, Colombia se ubicó en el puesto número 87 del Índice de Percepción de Corrupción, IPC, con 40 puntos sobre 100, entre 180 naciones evaluados. Es decir, escaló cuatro posiciones frente a la última medición, pero no presenta una mejora significativa desde el 2012.

Si bien se ha dicho que el país es muy corrupto, en el estudio no se destaca como un territorio dominado totalmente por este flagelo, pero tampoco se acerca a Dinamarca, Finlandia, y Nueva Zelanda, que tienen puntajes de 90, 87 y 85, respectivamente.

La medición indica que 100 significa que un país se percibe como muy transparente y 0 como muy corrupto. Sin embargo, según Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, toda calificación por debajo de 50 dice que una nación enfrenta serios problemas de corrupción.

El cambio, que aparentemente es una mejora, lo explica Transparencia por Colombia porque Tanzania, Surinam y Guyana, con los que Colombia compartió la calificación de 39 sobre 100 en 2021, mantuvieron el mismo puntaje del año pasado. A su vez, hubo un ligero descenso en la puntuación de Vietnam y Sudáfrica, que superaban a Colombia en 2022 en más de tres puntos y que en esta ocasión solo lo hicieron por un punto.

Un panorama nada esperanzador

El índice no varió mucho frente al del año pasado, pues desde el 2022 Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelanda, Noruega y Singapur se mantienen como campeones en la lucha contra la corrupción. De hecho, según la entidad, Europa mantiene una media de 65 puntos sobre 100, lo que implica países fuertes en contra de este flagelo, que le da la vuelta al mundo.

Llama la atención que en la región, el panorama no es alentador. La media se mantiene, por quinto año consecutivo, en 43 puntos de 100 posibles, es decir, que la mayoría de naciones del continente tienen aún serios problemas para enfrentar la corrupción.

Allí, los mejor calificados son Canadá, Uruguay, Barbados, Estados Unidos y Chile. Y como coleros de la lista siguen apareciendo los mismos cinco: Somalia (11), Venezuela (13), Sudán del Sur (13), Siria (13) y Yemen (16).

¿Cómo superar el problema?

Según Sara Moreno Bolívar, directora de la Escuela de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad de San Buenaventura, “las reformas son necesarias, pero el Gobierno no las ha construido colectivamente con los distintos grupos de interés ni las ha discutido sobre la mesa con los congresistas. Por ejemplo, la reforma política es clave para combatir la corrupción asociada al proceso electoral, pero el Gobierno presentó un proyecto que afectaba significativamente a los grupos políticos minoritarios”.

Agrega que en campaña Gustavo Petro prometió que solicitaría una comisión independiente de la ONU con capacidad de investigar los mayores hechos de corrupción en el país , pero no ha cumplido esa promesa.

Según la analista, en Colombia se puede luchar contra la corrupción, pero debe haber una decisión política.

“Hacer de la transparencia, un eje de la acción pública debe incluir temas como cambiar la forma de hacer política y de gobernar creando canales que faciliten la participación ciudadana y el control social; aumentar la confianza en los mecanismos de denuncia con investigaciones y sanciones efectivas, y replantear el clientelismo como forma del empleo público y de la contratación”, asegura Moreno.

A su turno, el consultor político, Álvaro Benedetti, sostiene que “es muy difícil que exista una voluntad política real para legislar en contra de los objetivos de la corrupción, porque estas son las prácticas que legitiman la política en Colombia. El fenómeno de corrupción en el Congreso, por ejemplo, más que una corrupción asociada al detrimento del erario, es una práctica asociada al pago de favores por cuenta de los apoyos políticos”.

“Mi tesis ha sido que el funcionario debe entender cómo representar los intereses ciudadanos y hacer una buena ejecución del gasto para recibir un retorno político y beneficiar a los ciudadanos en sus demandas. Lograr eso es un beneficio en doble vía desde el Gobierno. Eso es lo que nuestros funcionarios no han entendido en materia sensata”, agrega.

Cómo se calcula el IPC

Según la ONG, el cálculo se basa en trece fuentes de datos que toman las valoraciones de expertos y ejecutivos de empresas acerca de comportamientos corruptos en el sector público, como soborno, desvío de recursos públicos, uso de cargos públicos para beneficio privado, nepotismo en el servicio civil y la captura del Estado.

Algunas fuentes también hacen seguimiento a las estrategias y la capacidad de los gobiernos para combatir la corrupción, dentro de las que se considera la capacidad para hacer cumplir los mecanismos de integridad, ejecutar sanciones y enjuiciamientos efectivos a funcionarios corruptos, carga burocrática excesiva, existencia de leyes adecuadas sobre divulgación de información financiera, conflictos de interés, prevención y acceso a la información y protección a denunciantes, periodistas e investigadores.

Opinión

Por Gerardo Andrés Hernández M.*

Pareciera que la corrupción es el pan de cada día. Nos acostumbramos a ver titulares sobre miles de millones de pesos enredados en licitaciones amañadas, en contratos incumplidos y en obras inconclusas por las cuales se desvían nuestros recursos públicos. La aparición cotidiana de la corrupción nos ha llevado a justificar frases como “roba, pero hace”, o la trágica fórmula de “reducir la corrupción a sus justas proporciones”. La realidad es que nada de eso es aceptable, mucho menos para una sociedad con retos tan apremiantes en materia social, económica y ambiental, por mencionar algunos de los profundos déficits de nuestro país.

Los resultados de 2023 del Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional, que califican a Colombia con 40 puntos sobre 100, siendo 0 un país percibido como muy corrupto y 100 muy transparente, ubican al país en niveles de corrupción pública muy elevada y son un recordatorio doloroso de esa realidad. Sin duda, el Estado debe avanzar en investigar y sancionar de manera más ágil y contundente las redes de corrupción, en proteger de manera adecuada a quienes la denuncian y en rendir cuentas sobre el uso de los recursos públicos, entre otros aspectos. Pero debemos asumir una responsabilidad más compartida en la lucha contra la corrupción.

Datos de Transparencia por Colombia muestran el preocupante incremento en la participación de particulares en esquemas de corrupción como los carteles de contratistas, la entrega de obras y productos de baja calidad, los sobreprecios en bienes vendidos a entidades públicas, etc. A esto se suma la normalización social de la corrupción —llegando incluso al “usted no sabe quién soy yo”— que nos impide ver que detrás de todo esto hay víctimas, personas de carne y hueso que pierden su presente y su futuro por causa del abuso del poder.

La nueva medición de Transparencia Internacional nos da la oportunidad de repensar nuestras acciones. En particular este año los entrantes gobiernos locales inician una nueva etapa para demostrar que sí es posible usar los recursos públicos de manera transparente. Igualmente, el Gobierno Nacional deberá ser más claro y ambicioso en su apuesta anticorrupción. Desde la ciudadanía debemos demandar que así sea. Solo con hechos concretos lograremos demostrar un mejor desempeño en la lucha contra la corrupción y, ante todo, alcanzar el bienestar que nuestra sociedad necesita.

*Director ejecutivo de Transparencia por Colombia.